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Las cifras oficiales reportadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), coordinado por la Secretaría de Gobernación de México indican que se superó la barrera de las cien mil personas desaparecidas y no localizadas.

Aunque el fenómeno data de la década de los 60, cuando la desaparición forzada tenía motivaciones políticas, el detonante de la incidencia masiva reconocida por el gobierno fue la llamada guerra contra el narcotráfico, emprendida en 2006, a partir de la cual corresponden más de 95 por ciento de los casos denunciados.

Reconocida por la actual administración como una crisis de derechos humanos, la desaparición de personas ha mantenido una tendencia creciente asociada -según el diagnóstico del Comité de Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas- a la presencia del crimen organizado en varias entidades, en muchos casos en connivencia con corporaciones policiacas, principalmente estatales y municipales. Los datos oficiales corroboran que la principal causa de esta problemática es la operación del narcotráfico en México.

En el desagregado por períodos que arroja el RNPD se reporta la evolución del fenómeno: entre el 15 de marzo de 1964 y el 30 de noviembre de 2006 se registraron mil 988 personas, la mayoría debido a la guerra sucia emprendida por el Estado contra movimientos insurgentes; la guerra contra el narcotráfico representó la masificación del fenómeno con, solo en cifras oficiales, 16 mil 903 desaparecidos en la administración de Felipe Calderón; la continuidad en la estrategia contra el crimen organizado con Enrique Peña Nieto derivó en un incremento de 100 por ciento respecto a aquel, alcanzando 35 mil 61 desapariciones en ese sexenio.

Aun cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emprendió acciones para la construcción de un marco legal y una estructura institucional con el fin de enfrentar este delito y se ha abierto al escrutinio y colaboración internacional, los esfuerzos han sido insuficientes. Las cifras revelan que en tan sólo tres años y medio de este gobierno han desaparecido 31 mil 400 personas en todo el país.

Según el RNPD, en el resto de casos no se tiene claridad en la fecha en que ocurrió la desaparición.

Conforme a las cifras oficiales, las nueve entidades con la mayor presencia de bandas delincuenciales concentran 64 mil 146 desaparecidos, 65 por ciento del total: Jalisco, 14 mil 951; Tamaulipas, 11 mil 970; estado de México, 10 mil 993; Nuevo León, 6 mil 215; Sinaloa, 5 mil 471; Sonora, 4 mil 296; Coahuila, 3 mil 556; Chihuahua, 3 mil 470, y Michoacán, 3 mil 224.

La radiografía de las desapariciones en México coincide con la disputa de las plazas: Jalisco es la entidad más golpeada; ahí opera el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya expansión se refleja en las cifras alcanzadas. Coincidente con la evolución de este grupo armado, la desaparición en la entidad creció 400 por ciento entre el gobierno de Calderón y el actual.

Caracterizado por la confrontación entre los cárteles del Golfo y del Noreste, así como resabios de Los Zetas, en Tamaulipas se agrega otro factor detonante de la incidencia de este delito: los flujos migratorios que son presa del crimen organizado, lo cual dispara las cifras.

Ubicado en el tercer lugar nacional, el estado de México resiente la pulverización de cárteles que pugnan por el control de la zona y repercuten en las desapariciones: La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios e incluso el CJNG en su estrategia expansiva.

Una asociación que dejó clara el CDF en su informe sobre su visita a México: “El crimen organizado se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos”. Este último factor lo configura como desapariciones forzadas.