Colombia: una historia plagada de crímenes, violencia, asesinatos, represión y retos políticos
Las noticias sobre violencia, abusos y violación de los derechos humanos forman parte de la cotidianidad colombiana. El escritor Andrés Pabón Lara, uno de los académicos más escudriñadores de esta realidad latinoamericana, señala que el Estado colombiano se ha convertido en una máquina de matar que no ha hecho más que perfeccionarse a través del tiempo y de los gobiernos.
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El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, provocó una enorme reacción popular: el pueblo bogotano salió a las calles en señal de protesta, y la anarquía y la violencia se adueñaron de la capital. La revuelta se extendió a otras ciudades del país, en lo que fue conocido como el Bogotazo.
El próximo domingo 29 de mayo será la primera vuelta para elegir al próximo Presidente de la República de Colombia. Hasta el momento, los candidatos con más posibilidades son Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández.
Cualquiera de ellos que llegue a la Casa de Nariño, más allá del discurso político, tendrá que asumir la tarea y el compromiso con sus electores de, al menos, intentar detener el cruento estado de violencia y represión que ha sumido al país durante años.
Las noticias sobre violencia, represión, crímenes y asesinatos, abusos, violación de los derechos humanos forman parte de la cotidianidad colombiana. El escritor Andrés Pabón Lara, uno de los académicos más escudriñadores de esta realidad latinoamericana, señala que el Estado colombiano se ha convertido en una máquina de matar que no ha hecho más que perfeccionarse a través del tiempo y de los gobiernos.
Hay pruebas manifiestas de ese proceso en perfeccionamiento constante, solo basta con hacer una apretada síntesis histórica de la Colombia del siglo XX hasta nuestros días, donde la derecha reaccionaria y tradicional ha hecho de los crímenes, asesinatos y la represión una política oficial de Estado, sobre todo contra quienes levantan la voz para denunciar males inveterados, incluso desde antes de la pasada centuria.
¿Quién fue Jorge Eliécer Gaitán?
Político y abogado colombiano (Bogotá, 1903 - 1948). Obtuvo el título de abogado en la Escuela Nacional de Derecho, con una tesis titulada Las ideas socialistas en Colombia. En 1926 viajó a Roma para especializarse en derecho penal, grado que alcanzó con la mención académica magna cum laude. Tras recorrer Europa regresó a su país en 1928 y fue elegido representante de la Cámara, desde donde denunció la masacre de los trabajadores de las bananeras (relatada años después por García Márquez en Cien años de soledad), lo que le valió el título de “tribuno del pueblo” con el que lo honrarían los sectores populares.
En 1931, elegido presidente de la Cámara de Representantes, ejerció también como docente de la cátedra de Derecho Penal en las Universidades Nacional y Libre, siendo nombrado rector de ésta última. Su postura en contra del monopolio de la tierra le granjeó un amplio apoyo del campesinado. En 1933 fundó la Unión Izquierdista Revolucionaria (UNIR) y su órgano periodístico El Unirismo, desde donde planteó la necesidad de una reforma agraria.
Elegido alcalde de Bogotá en 1936, Jorge Eliécer Gaitán llevó a cabo importantes reformas sociales; promovió la municipalización de los servicios públicos y trató de establecer los restaurantes escolares. En 1940 fue nombrado ministro de Educación, emprendiendo una ambiciosa campaña de alfabetización; implantó el zapato escolar gratuito, los restaurantes escolares, el cine educativo ambulante y la extensión cultural masiva. En los años siguientes, Gaitán continuó su intensa vida pública como jurista, político y caudillo. Su acción política se dirigió contra las oligarquías y por la restauración moral de la república.
En 1945 fue proclamado candidato a la presidencia, pero las divisiones internas del Partido Liberal entre los partidarios de Gaitán y los de Gabriel Turbay favorecieron el triunfo del candidato conservador Mariano Ospina Pérez. Tras esta derrota, Gaitán resurgió con nuevos ímpetus, siendo proclamado jefe único del Partido Liberal. En 1948 recibió el título de doctor honoris causa en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre.
Durante el mismo año obtuvo un resonante triunfo en su carrera de abogado, al lograr la absolución de un militar acusado en la muerte de un periodista. Su asesinato el 9 de abril de 1948 provocó una enorme reacción popular: el pueblo bogotano salió a las calles en señal de protesta, y la anarquía y la violencia se adueñaron de la capital. La revuelta se extendió a otras ciudades del país, en lo que fue conocido como el Bogotazo.
El genocidio político contra la Unión Patriótica
La Unión Patriótica (UP) fue un movimiento político plural de carácter democrático que surgió de los acuerdos de paz firmados en 1985 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El objetivo era que a través de la UP los guerrilleros amnistiados transitaran a la lucha política legal, para lo que el estado colombiano ofreció total y plenas garantías.
En medio del fervor y entusiasmo que generó el proceso de paz decenas de miles de colombianos de diferentes organizaciones políticas y sociales se vincularon a la UP. Junto a ellos y ellas trabajaron 25 exintegrantes de la guerrilla amnistiados e indultados por el gobierno y autorizados para realizar proselitismo político.
En las elecciones de 1986 este fervor se materializó en un importante resultado electoral que le permitió a la UP tener bancada parlamentaria, decenas de diputados regionales y alcaldes y varios centenares de concejales municipales.
La región de Urabá, zona de masiva producción de banano para la exportación fue una de las regiones donde la UP se convirtió en la primera fuerza política. El éxito de la participación electoral de la UP concitó la violenta reacción de la extrema derecha y de inmediato se inició el exterminio de esta nueva fuerza política. Más de cinco mil dirigentes y militantes fueron asesinados entre ellos dos candidatos presidenciales, parlamentarios, alcaldes y concejales.
Ante la total impunidad por los crímenes contra la UP su Dirección Nacional decidió en 1993 llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, siendo admitido en el año de 1997. En el año 2000 en el marco de la denominada búsqueda de una “solución amistosa” ante la CIDH se inició entre el Estado colombiano y los representantes de las víctimas un proceso para “propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso Unión Patriótica, por la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral”.
En el 2006, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Unión Patriótica unilateralmente rompe este proceso ante la continuidad de las amenazas, atentados y crímenes contra los sobrevivientes y en razón también de las declaraciones insultantes contra la UP por parte del presidente Uribe Vélez que intentaban justificar el exterminio y que estimulaban su continuidad. El caso está pendiente de fallo de la Corte Americana.
El caso de la Unión Patriótica, sin ser el único hecho de exterminio en Colombia de un movimiento político o social, representa quizás el caso más aberrante y grave de persecución y exterminio a un grupo político en el mundo occidental.
Los protagonistas del conflicto armado
Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores siempre han sido, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominio según el medio que se estudie.
En líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado.
Surgimiento de las guerrillas contemporáneas
Como bien se conoce, el origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX, se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de Abril (M-19).
Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar reflejo de toda la gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social.
Paramilitarismo
Los paramilitares son grupos de extrema derecha, que se multiplicaron en la década de 1980, y tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968 a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales.
En la década de los ochenta, el ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo el conflicto con las guerrillas. Los traficantes empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias en propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de extorsión.
Los paramilitares se extendieron gracias al apoyo de ricos hacendados y pequeños industriales. Un evento que marcó de forma decisiva la conformación del paramilitarismo en estos años fue el secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, familiar de miembros del cártel de Medellín.
En los años noventa se creó el grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que unió a diversos grupos paramilitares. La AUC se disolvió entre 2003 y 2006 en un proceso de desmovilización emprendido por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) impulsada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
En los primeros dos años se desmovilizaron 23 grupos en los cuales participaban cerca de 14 mil personas. No obstante, algunas facciones no adscritas al proceso de desmovilización han formado lo que hoy se conoce como las BACRIM o bandas criminales.
Derechos Humanos
Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en el marco del prolongado conflicto armado aumentaron en el país, en particular en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Al menos cien mil personas han sido desplazadas o confinadas forzosamente como consecuencia del prolongado conflicto, lo que afecta particularmente a los derechos de los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes.
El Consejo de Seguridad de la ONU amplió hasta 2022 el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Derecho a la verdad, justicia y reparación
En octubre de 2021, la Corte Constitucional amplió hasta el 27 de junio de 2022 el mandato de la Comisión de la Verdad.
Según el Instituto Kroc, que monitoreaba el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC-EP y el Estado colombiano, la aplicación del Acuerdo seguía llevándose a cabo con lentitud. Preocupaba la considerable demora de los avances en la reforma rural integral, el fin del conflicto armado y la solución al problema de las drogas ilícitas.
En el primer semestre de 2021 se celebraron dos reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El mandato de esta comisión, establecido por el Acuerdo de Paz y que conllevaba la participación de la sociedad civil, era crear una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados. No se celebraron más reuniones pese a la petición de avances expresada por miembros de la sociedad civil.
Entre enero y noviembre se registraron 41 casos de homicidio o desaparición forzada de excombatientes, según la organización de la sociedad civil Indepaz.
Los avances en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito se vieron obstaculizados por la compleja situación de seguridad y la reanudación de la fumigación aérea con glifosato.
En agosto de 2021, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, se crearon 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para las víctimas.
Libertad de expresión y de reunión
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se llevó a cabo la práctica ilegal de perfilación de las personas que denunciaron en las redes sociales la violencia policial durante las manifestaciones que tuvieron lugar durante el último Paro Nacional el año pasado.
Las capacidades de inteligencia militar se destinaron a elaborar el perfil de al menos 57 periodistas mediante la recopilación de datos tales como la ubicación geográfica y la actividad en las redes sociales.
El Ministerio de Defensa promovió la campaña “La verdad en un mar de mentiras” y difundió publicaciones que afirmaban que las denuncias de violencia policial eran “noticias falsas” y “terrorismo digital”.
La FLIP denunció 402 ataques contra profesionales de los medios de comunicación que documentaron las protestas sociales entre abril y noviembre de 2021.
Según esta organización, 170 personas recibieron amenazas y 20 fueron detenidas de forma arbitraria en el marco de las protestas.
Uso excesivo e innecesario de la fuerza
El Decreto 575, que disponía el despliegue de las fuerzas armadas en las operaciones de orden público en ocho departamentos, fue promulgado el 28 de mayo de 2021 y suspendido temporalmente en julio por el Consejo de Estado.
Entre el 28 de abril y el 30 de junio murieron 84 personas en el marco de las protestas, mil 790 resultaron heridas, y 298 defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques.
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, expresó en junio del pasado año su profunda preocupación por las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Colombia.
En diciembre, su oficina publicó un informe que afirmaba que se había verificado la muerte de 46 personas (44 civiles y dos agentes policiales) en el marco de las protestas —principalmente en la ciudad de Cali—, así como 60 denuncias de violencia sexual.
De esas denuncias, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) verificó 16 casos de violencia sexual presuntamente cometida por miembros de la Policía Nacional.
Tras las numerosas denuncias registradas sobre la respuesta militarizada y la represión policial de las manifestaciones, la CIDH realizó entre el 8 y el 10 de junio una visita de trabajo a Colombia. En sus observaciones y recomendaciones, pidió, entre otras cosas, el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la separación de la Policía Nacional —incluido el ESMAD— del Ministerio de Defensa para garantizar que sus acciones respondieran a un enfoque civil y no a uno militar.
La violencia policial contra las personas que protestaban continuó en agosto, septiembre y octubre, lo que dio lugar a que 25 organizaciones de la sociedad civil pidieran que la CIDH activara el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia dispuesto en el informe sobre la visita de trabajo realizada por la Comisión.
Hasta mayo de 2021, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada había registrado 775 desapariciones forzadas en el marco del Paro Nacional, y seguía sin conocerse la suerte de 327 personas.
Derechos de los pueblos indígenas
En el marco del Paro Nacional, la Minga Indígena fue atacada el 9 de mayo de 2021 por civiles armados, con el consentimiento de la Policía Nacional. Un total de 10 indígenas, entre ellas la defensora de los derechos humanos Daniela Soto, resultaron gravemente heridas.
El 28 de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 022 en respuesta al riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas en la localidad de La Pedrera (departamento de Amazonas) por parte de las disidencias de las FARC-EP.
A finales del año pasado se cumplieron cinco años de la firma del acuerdo de paz. Desde la firma de acuerdo de paz han sido asesinados 1327 líderes y defensores de ddhh.
Este año 2022 parece no ser la excepción pues al día de hoy ya se han asesinado a 41 líderes El año pasado fueron asesinados 171 líderes sociales, 48 firmantes de acuerdo y se cometieron 96 masacres – la cifra más alta en los últimos años para este tipo de atrocidades.
Datos de interés:
Así las cosas, pudiéramos estar relatando cientos de expresiones siniestras de la historia reciente de Colombia. Pero el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ONG nacida en 1984 e integrada por personas que han construido relaciones de colaboración en la permanente actividad por la paz de Colombia, nos permite evaluar y dar seguimiento al monitoreo, desde el Observatorio de DDHH, Paz y Conflictividades, al conflicto, la recomposición de grupos armados, complejo paramilitar, victimizaciones contra la sociedad civil y las resistencias.
Cada uno de los siguientes links puede acercarnos a una verdad tangible, que no admite el más mínimo soslayo o indiferencia.
1.- Líderes sociales, defensores en DD.HH. y firmantes de acuerdo asesinados
2.- Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022
3.- Cifra de la violencia en las regiones 2021
4.- Cinco años del Acuerdo de paz: Balance en cifras de la violencia en los territorios
5.- Los focos del conflicto en Colombia – Informe sobre presencia de grupos armados
6.- Líderes ambientales asesinados
7.- Listado de las 80 víctimas de violencia homicida en el marco del Paro Nacional al 23 de julio
9.- Informe de líderes y personas defensoras de DD.HH. asesinadas desde la firma de los acuerdos de paz
