Nuevo capítulo en la pugna por el oro venezolano depositado en Londres
El Tribunal Comercial de Londres retomó hoy el litigio en un caso que expone la delgada línea entre el derecho y la política.
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Nuevo capítulo en la pugna por el oro venezolano depositado en Londres
La pugna en los tribunales londinenses por el oro venezolano lleva más de tres años. Hoy retomaron el litigio en un caso que expone la delgada línea entre el derecho y la política.
Como se conoce, Venezuela es dueña de 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, pero no ha podido disponer de esos recursos porque siguen retenidos desde hace tres años por el Banco de Inglaterra. Pero, desde este miércoles, una jueza británica puede acabar con la disputa.
La jueza Sara Cockerill, tiene en sus manos la decisión de entregarle o no el oro al Banco Central de Venezuela (BCV). Esta ha sido franca ante los medios al admitir: "Todo el mundo quiere que dicte una resolución bastante rápido".
Ahora el Reino Unido dice que la razón del 'secuestro' financiero del oro, es que el Gobierno del dimitido Boris Johnson reconoció a Juan Guaidó –un exdiputado opositor sin ningún cargo de elección popular en la actualidad– como "presidente encargado" de la nación suramericana.
El punto medular sobre el cual tendrá que decidir la magistrada es si admite o no la validez de una resolución del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), que declaró nula la designación de una 'directiva' paralela del BCV, por parte de Guaidó. El tema será debatido hasta el 18 de este mes, pero la sentencia no se dará a conocer de inmediato.
La batalla legal inició en 2020, después que la institución bancaria inglesa se negó a entregarle el oro a las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el presidente constitucional del país sudamericano, Nicolás Maduro, con el argumento de que existía un pedido similar de la junta designada por el autoproclamado mandatario Juan Guaidó.
En una primera instancia, la corte comercial londinense determinó que el opositor tenía autoridad para disponer de las 30 toneladas del preciado metal, valoradas en más de mil millones de dólares, porque el entonces canciller británico Jeremy Hunt lo reconoció como mandatario interino en febrero de 2019.
El Tribunal de Apelaciones revocó ese veredicto, al alegar que el reconocimiento de Guaidó como presidente ‘de jure’ (de derecho) no excluía que Maduro, fuera reconocido por el Reino Unido como el presidente ‘de facto’ (de hecho) del país suramericano.
En diciembre pasado, la Corte Suprema británica determinó que el reconocimiento del opositor venezolano como mandatario de Venezuela es “claro e inequívoco”, pero dijo que el fuero comercial tiene que decidir si toma en cuenta un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que anuló la autoridad de la junta nombrada por Guaidó.
Este caso siempre ha estado en el punto donde confluyen el derecho y la política, y esta audiencia de hoy no es diferente a las anteriores, aseguró el abogado Sarosh Zaiwalla, socio principal del bufete Zaiwalla & Co., que representa al gobierno de Maduro.
Según explicó el letrado en una declaración remitida a Prensa Latina tras concluir este miércoles la primera jornada del juicio, la cuestión en juego es si la justicia británica tiene derecho a juzgar la validez de las decisiones tomadas por el tribunal supremo de otro país soberano.
Sin dudas, esto tendría implicaciones para la credibilidad del Reino Unido como guardián de los activos soberanos extranjeros, agregó.
De acuerdo con los abogados de la junta del BCV designada por el gobierno constitucional venezolano, los representantes de Guaidó pretenden invocar la llamada Doctrina del acto de estado para posicionar al líder opositor como el único instrumento del Estado venezolano, ignorando la separación de poderes consagrada en la Constitución.
Recordaron además que el principio detrás de esa doctrina de la jurisprudencia británica es el respeto por las decisiones emanadas de otro estado soberano, aplicable también a los veredictos emitidos por sus máximas instancias judiciales, sobre todo en asuntos relacionados con la interpretación y aplicación de la Carta Magna del país en cuestión.
La magistrada británica Cockerill deberá decidir si admite o no la validez de una resolución del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), que declaró nula la designación de una 'directiva' paralela del BCV, por parte de Guaidó. El tema será debatido hasta el 18 de este mes, pero la sentencia no se dará a conocer de inmediato.
En caso de que se acepte la validez del fallo del TSJ venezolano, "el asunto se acaba aquí", aseveró hace un mes el abogado Richard Lissack, que representa al Gobierno bolivariano. La resolución podría permitirle finalmente al BCV disponer de los recursos depositados en el Banco de Inglaterra.
Si el fallo es desfavorable para la administración de Maduro, implicaría una legitimación de Guaidó en el exterior que le daría "carta blanca" a la dirigencia opositora "para hacer lo que quieran", según explicó el mes pasado el abogado del Gobierno venezolano, Jonathan Miller.
"Si se les concede autoridad en un sentido general, surge la cuestión de qué tienen derecho a hacer", recalcó Miller, quien insistió en la necesidad de impedir que los dirigentes de la oposición terminen usando los recursos del país para "beneficio personal".
