Millón y medio de haitianos atrapados por la violencia
Las víctimas fueron privadas de servicios básicos y de su libertad de movimiento, por lo que es necesario el acceso inmediato de los trabajadores humanitarios para prestar ayuda de emergencia.
"Al menos 89 personas murieron, 21 de ellas calcinadas, y 16 se encuentran desaparecidas. Además 74 recibieron heridas de bala o armas blancas, y 127 casas fueron quemadas o destruidas", precisó el organismo local en un balance.
Cinco días después de iniciados los conflictos en Cité Soleil, un barrio pobre al norte de Puerto Príncipe, la RNDDH exigió la intervención inmediata de la Policía para frenar la ola de violencia desatada en la zona, que obligó a desplazarse a miles de residentes.
"Muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares, dejando atrás todo lo que tenían. Y, no fue sino hasta el 13 de julio de 2022, cuando se publicó este documento, que la RNDDH conoció que se observaba una tregua entre los protagonistas", subrayó la organización.
La plataforma también denunció que el estatal Centro Nacional de Equipamientos presuntamente dio a una de las pandillas en conflicto maquinaria pesada para la destrucción de casas y la excavación de un pasaje hacia la fortaleza de la banda rival.
La guerra se desató en esta ocasión entre los grupos del G-9 y aliados y el G-Pep, una pandilla que ganó poder en el último año tras la alianza con otras bandas.
Más temprano, la representación de Naciones Unidas en el país advirtió que 1,5 millones de personas quedaron atrapadas por la violencia y se ven privadas de servicios básicos y de su libertad de movimiento.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU también alertó que el conflicto puede agravar la crisis alimentaria, en momentos en que cerca de la mitad de la población vive en la pobreza.
La inseguridad y los choques de pandillas aumentaron en Haití desde el pasado año, tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, aunque el fenómeno lleva varios años en alza.
Actualmente la situación se agrava con el control efectivo que ejercen las pandillas en la capital, que según organizaciones de derechos humanos alcanza hasta el 60 % del territorio.
