En la provincia de Coclé, al centro de Panamá una subcomisión de los movimientos populares responderá a la última propuesta del Ejecutivo presentada esta madrugada de reducir los costos de los alimentos hasta un 28 por ciento, con lo que la canasta básica mensual estaría en el orden de los 209,19 dólares.

Al exponer las razones para demandar el 30 por ciento de la rebaja y congelamiento de los precios, la economista Maribel Gordón, vocera de la alianza Pueblo Unido por la Vida, uno de los colectivos en huelga, explicó que es clave además, la regularización de los márgenes de comercialización y distribución en la cadena de suministro.

Precisó además la demanda de dignificar al productor nacional y la conformación de una lista de 82 productos bajo el control de precio, con la disposición de comprarlos en todos los comercios de las áreas comarcales sin condiciones.

Según el asesor del Ejecutivo, Oscar García, el precio de la canasta básica en junio último era de 289,92 dólares y con esta propuesta se reduciría en 80,73 dólares.

En la espera que de inicio , a la mesa única de diálogo que se da en la provincia de Coclé. pic.twitter.com/dQqNeTRpvm

— Suntracs Cocle (@CocleSuntracs) July 24, 2022

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Por otra parte, el viceministro de Comercio e Industrias, Omar Montilla, apeló al avance de las negociaciones y al esfuerzo del Gobierno por lograr un acuerdo mayoritario en cuanto a las propuestas solicitadas por los gremios y sindicatos, para lo cual pidió que se abrieran los bloqueos de carreteras, extendidos en su tercera semana.

También la Defensoría del Pueblo exhortó a la administración del presidente Laurentino Cortizo a devolver la tranquilidad al país, donde las continuas protestas contra el alto costo de la vida y corrupción generan zozobra en la población y están causando violencia.

En un comunicado entregado a la prensa, la institución aseguró que reconoce las manifestaciones como un derecho humano, pero también pondera que el país necesita mantener el diálogo como única vía para resolver los conflictos.

En ese sentido, apeló a la solidaridad de los grupos que mantienen las vías bloqueadas para que se dé la apertura de las carreteras, a deponer intereses entre las partes y a encontrar juntos un equilibrio en que no sean vulnerados los derechos humanos de las personas.

Mientras, el sector empresarial privado solicitó ser incluido en la mesa de diálogo, a lo que se opusieron los colectivos sociales de las conversaciones en las que la Iglesia católica funge como facilitadora.

El alto precio del combustible, la crisis en la Caja de Seguro Social, la lucha contra la corrupción y designar el 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto al sistema educativo, son algunos de los temas aún por debatir en estas prolongadas negociaciones, iniciadas el jueves último.