JEP Colombia imputa a 22 militares por más de 300 falsos positivos
Además de los 22 militares, hay tres civiles involucrados en los crímenes contra 303 personas indefensas que luego presentaron como guerrilleros muertos en combate.
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JEP Colombia imputa a 22 militares por más de 300 falsos positivos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó este lunes que imputó a 22 miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional y a otras tres personas por crímenes de guerra y de lesa humanidad tras confirmarse su responsabilidad en el asesinato de 303 civiles durante el conflicto armado y posteriormente presentarlos como falsos positivos.
En un comunicado, la JEP señaló que los crímenes se cometieron entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare (este) y en municipios de los departamentos de Boyacá, Meta y Arauca.
📰En la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar 303 asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate (conocidas como 'falsos positivos') en Casanare entre 2005 y 2008.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 25, 2022
Las víctimas eran civiles indefensos que luego fueron presentados como bajas en combate. En su mayoría fueron hombres entre 18 y 25 años, pero los militares le quitaron la vida a menores de edad, a nueve mujeres (una de ellas en estado de gestación) e incluso un joven con orientación sexual diversa.
En total, estos crímenes representaron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad castrense durante el periodo.
La Justicia Transicional denunció que dentro de esa unidad militar se creó una estructura criminal que naturalizó esa práctica violenta para acceder a ascensos, premios en metálico, descansos y otras prebendas.
Según la denuncia, los uniformados utilizaron presuntamente más de 140 millones de pesos (31 mil dólares aproximadamente) provenientes de recursos públicos para realizar estas operaciones.
La JEP pudo establecer que, además de los asesinatos, los militares utilizaron a tres niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, y que la persona con orientación sexual diversa fue víctima de un crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Los militares podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión si finalmente resultan vencidos en juicio.
