México: Nuevas denuncias sobre Caso Ayotzinapa
La participación de los militares sale una y otra vez en las investigaciones que se llevan a cabo sobre el suceso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
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Los militares no protegieron a los estudiantes, los asesinaron y desaparecieron.
El subsecretario de Gobernación de México, Alejandro Encinas denunció que el coronel José Rodríguez Pérez, responsable de 27 Batallón de Infantería de Iguala, dio la instrucción de ultimar y desaparecer a seis estudiantes de Ayotzinapa que se mantenían con vida cuadro días después del ataque del 26 de septiembre de 2014, publica el diario La Jornada.
Los militares no sólo no hicieron nada para protegerlos, aunque sabían en tiempo real lo que sucedía. No sólo falsearon lo sucedido. Simple y llanamente, los asesinaron y desaparecieron, al menos, a parte de los 43 jóvenes.
La noche del suceso, el coronel estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. No era casualidad, había entablado una magnífica relación con el alcalde. De hecho, aparecieron juntos en distintos momentos, encabezando diversos actos cívicos.
Sin embargo, según declaró a la comisión legislativa que investiga la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa el entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, Rodríguez Pérez “no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada”.
Al rendir su testimonio, declaró que no tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo falsamente.
Los vínculos estrechos del entonces alcalde con el Ejército son anteriores al arribo del coronel Rodríguez al frente del 27 Batallón. El 22 de enero de 2008, se colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de José Luis Abarca.
El 27 Batallón de Infantería está especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas. Tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Participó activamente en la guerra sucia de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado, dejando a su paso una larga relación de atrocidades, incluidas centenares de desapariciones forzadas.
En marzo de 2010, este Batallón desapareció a seis jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe Ni seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito”.
Como parte de su estrategia contrainsurgente, el Ejército sembró a varios soldados como espías en la Normal Rural de Ayotzinapa. Según declaró el doctor Arturo Miranda a Sergio Ocampo de La Jornada, a través del gobernador Ángel Aguirre “infiltró a presuntos jóvenes pobres, dos de los cuales estuvieron al tanto de la desaparición de sus demás compañeros… No supimos si entraron los seis, o solamente uno o dos, entre ellos Julio César López Patolzin, que ingresó en 2012”.
La mañana del 31 de octubre de 2014 una narcomanta apareció colgada en la reja de la entrada de una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 Zona Militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba Gil, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos.
Después de enumerar una larga lista de políticos vinculados con el cártel, el mensaje indicaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 Batallón de Infantería: el teniente Barbosa y el capitán segundo Crespo (quien estaba al frente del pelotón encargado de operar en el terreno), involucrados con la organización criminal.
La Jornada señala que el coronel Rodríguez fue removido del 27 Batallón un año después de la masacre y ascendido a general brigadier el 19 de noviembre de 2015. ¿Cuándo se detendrá a estos militares y a otros más implicados en el crimen? ¿Cuándo se apresará a Gualberto Ramírez, ex fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, pieza clave de la “Mentira Histórica”?
