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Las demandas de los empleados y la ausencia del presupuesto en las instituciones públicas quedaron en pausa a la espera de las sesiones la semana próxima en el parlamento libanés donde estudiarán y aprobarán el proyecto de ley de presupuesto 2022.

El Gobierno en funciones sortea el impacto de la crisis económica y financiera en esos organismos y de acuerdo con el titular interino de Asuntos Sociales, Héctor Hajjar, el gabinete mantendrá las continuas reuniones del Comité Ministerial para abordar el colapso hasta encontrar soluciones, especialmente a nivel de las fuerzas militares, la educación y el poder judicial.

Por su parte, el ministro de Finanzas Youssef El-Khalil subrayó que la aprobación del presupuesto logrará la parte más importante del derecho social, a medida que sea posible sacar el aparato administrativo de su estancamiento y restaurar la confianza en Líbano.

La autoridad convocó a los parlamentarios a tratar en las plenarias del 14, 15 y 16 de este mes el expediente con responsabilidad como una herramienta correctiva en una circunstancia excepcional y de emergencia que la nación no ha presenciado en su historia moderna.

Mientras, el ministro de Telecomunicaciones Johnny Al-Corm anunció la suspensión por una semana de la huelga de los trabajadores de la empresa de servicios de datos, internet y banda ancha, Ogero, luego de avanzar en los reclamos de asistencia social, subsidio de transporte y ayuda por dos meses.

Los altos precios de los combustibles, los medicamentos, hospitalización y artículos básicos arrastraron en junio pasado a los empleados públicos al paro abierto para reclamar la corrección de los salarios, modificar el subsidio de transporte y la ayuda social.

Ante este panorama, la Conferencia Nacional de Sindicatos de Líbano reclamó el fortalecimiento de las condiciones de los trabajadores del sector público y demandó la integralidad de los derechos y metas de los empleados estatales.

La agrupación obrera insistió en la urgencia de unificar a todos los afectados por esta autoridad dentro de la consigna de un Estado de justicia, mérito, igualdad de oportunidades, transparencia y verdadera ciudadanía.

Sobre este aspecto, el vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hizbulah, Sheikh Ali Damoush, pidió a todas las partes interesadas hacer concesiones y alejarse de intereses individuales que ayuden a una comprensión rápida sobre la formación del gobierno para llevar a cabo sus responsabilidades.

El dirigente de la Resistencia islámica libanesa recalcó que hasta la designación del nuevo gabinete, el actual comité ministerial interino debe tomar la iniciativa para encontrar soluciones para salvar el año académico y asegurar los costos de operación de instalaciones vitales como electricidad, agua, comunicaciones, hospitalización y otros asuntos de la vida.

Ali Damoush subrayó que estos asuntos no pueden postergarse y no es correcto vincularlos a las elecciones presidenciales, en marcha desde inicios de mes y con un plazo constitucional máximo de 60 días.

Según analistas, la no conformación de un gobierno tras la reelección de Najib Miqati como primer ministro desde junio último, la fragmentación en el parlamento, la paralización del sector público y el agravamiento de las condiciones de vida complejizan el escenario político libanés.