Parlamento elegido en Bahréin es una farsa
El secretario general adjunto de la Sociedad Nacional Al-Wefaq, Hussain Al-Daihi, aseguró que la tasa de participación en los comicios no superó el 35 por ciento.
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Secretario general adjunto de la Sociedad Nacional Al-Wefaq en Bahrein, Hussain Al-Daihi.
El secretario general adjunto de la Sociedad Nacional Al-Wefaq en Bahrein, Hussain Al-Daihi, declaró que la tasa de participación en las elecciones parlamentarias no superó el 35 por ciento.
La autoridad agradeció al pueblo por "exponer la falsedad del proceso electoral a pesar de las amenazas".
Al-Daihi señaló en un discurso el pasado sábado que "los bahreiníes viven bajo el peso de una crisis política asfixiante y graves violaciones de los derechos humanos".
De acuerdo con el dirigente, el país necesita un proceso político real que lo saque de la tiranía y la dictadura en que vive para acceder a un sistema democrático y de justicia social.
Para Al-Daihi las funcionarios deberían aprender la lección con lo que sucedió en las votaciones, y subrayó que la gente de Bahréin no es ingenua y no puede ser engañada.
Los jóvenes intentaron boicotear unas elecciones parlamentarias consideradas por muchos como simuladas por la administración baheriense.
Según Al-Dehi, el pueblo demostró ser consciente, civilizado, capaz de realizar un diagnóstico preciso, con una voluntad sólida y una determinación fuerte.
Mientras, el líder religioso, Cheikh Qassem, enfatizó que "la participación en las elecciones es una señal de empeoramiento de la situación y de la normalización con "Israel".
Los comicios fueron calificados como "elecciones ficticias" y las protestas denunciaron la intención del proceso de la normalización con la ocupación israelí".
En las urnas se decidió la composición del nuevo Parlamento, con más de 330 candidatos compitiendo por 40 escaños y la imposibilidad de participación a la oposición.
Desde 2018, las autoridades de Bahréin prohiben postularse a los miembros de los antiguos partidos políticos de la oposición. Además, no pueden formar parte de las juntas directivas de organizaciones cívicas, en virtud de las denominadas leyes de aislamiento político y civil.
