Pide vicepresidenta argentina recusación para magistrado Ercolini
La expresidenta expuso en sus redes sociales las razones por las que pide la salida del juez.
-
Cristina Fernández de Kirchner.
La vicemandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió la recusación para el magistrado Julián Ercolini, por varias infracciones cometidas en la causa que investiga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) macrista contra ella y sus hijos.
Mediante un texto en sus redes sociales, Fernández expuso las razones por las que solició la recusación para el juez.
Según el documento, entre los años 2015 y 2019, la AFIP realizó acciones ilícitas contra la familia de la vicepresidenta como abusos de la autoridad, incumplimiento de deberes de funcionamiento público y asociación ilícita.
He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos https://t.co/V2dKFdqWGC
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 12, 2022
"La causa se originó a partir de los hechos denunciados e investigados por los órganos competentes de la AFIP, así como la documentación hallada en dicho organismo", aseveró Fernández.
La expresidenta pidió también que el juez encargado de la investigación fiscal en su contra, Ercolini, sea apartado.
"La recusación a Ercolini se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín Telecom", argumentó la exjefa de Estado.
Este letrado está involucrado también en una investigación relativa a un viaje realizado al sur del país junto a otros magistrados y funcionarios, y se quedaron en la residencia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la cordillera de los Andes, que carece de acceso público por la acción del propio millonario extranjero, sentenció.
El pasado 6 de diciembre, Fernández fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en un proceso que duró más de tres años.
