Fiscal de Perú abre investigación por muertes en protestas
La fiscal peruana Karen Orbegón abrió las pesquisas al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, general Ántero Mejía, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería de la misma región, general Jesús Vera.
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Represión policial en Perú.
La fiscal peruana Karen Orbegón abrió una investigación a los jefes del Ejército y la Policía de la región surandina de Ayacucho como presuntos autores mediatos de 10 muertes en ese territorio.
Obregón, a cargo de la Segunda Fiscalía Penal de Ayacucho Especializada en Derechos Humanos, abrió las pesquisas al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, general Ántero Mejía, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería de la misma región, general Jesús Vera.
La autoridad los considera presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.
De acuerdo con fuentes judiciales, la indagación preliminar se prolongará por 60 días y la fiscalía identificó a las víctimas como Josué Sañudo, Clemer Rojas, Luis Urbano Sacsara, Jhon Mendoza, José Aguilar, Raúl García, Edgar Prado, Jhonathan Alarcón, Ronaldo Barra y el menor C.M.R.A, todos abatidos por armas de fuego de las fuerzas militares.
Orbegón –indicaron fuentes del Ministerio Público– reunió grabaciones de video y fotografías con imágenes de soldados cuando disparaban sus fusiles de largo alcance contra los manifestantes.
El documento fiscal abrió las averiguaciones a partir de las informaciones difundidas por los medios de comunicación y las diferentes redes sociales sobre las protestas ciudadanas suscitadas el día 15 de diciembre de 2022 en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Huamanga y sus alrededores.
Los abogados Abimael Méndez, Yuri Martínez, Víctor Porras, Mario Escriba y Jack J. Diburga también consiguieron testimonios gráficos sobre la actividad represiva de las fuerzas del orden durante las manifestaciones.
Por su parte, el gobierno y los mandos militares justificaron el uso de las armas “al actuar en defensa propia” cuando presuntos terroristas asaltaron la terminal aérea.
Además, Orbegón también recibió denuncias sobre la responsabilidad en las acciones criminales de la presidenta Dina Boluarte y otras autoridades del gobierno.
En ese sentido, la jueza derivó las acusaciones contra los gobernantes al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para proceder de acuerdo a ley, pues por el alto rango de las citadas autoridades solo ella puede hacerse cargo.
