Apoyan acciones judiciales contra golpistas bolivianos
La publicación digital Red Contacto Sur solicitó brindar todas las garantías constitucionales para que el debido proceso esté enmarcado en las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Luis Fernando Camacho, líder de la oposición boliviana.
La Red Contacto Sur, medio de prensa internacional, expresó su apoyo al gobierno de Bolivia por las acciones judiciales tomadas contra quienes atentaron contra la estabilidad de la nación suramericana.
Por medio de un comunicado, la publicación solicitó brindar todas las garantías constitucionales para que el debido proceso se enmarque en las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia y castigue con la mayor pena a los actores golpistas.
Los partidarios del líder de la oposición Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, insisten en calificar su detención de política e ilegal e intentan desconocer su participación en el llamado Golpe de Estado I, de 2019, contra Evo Morales, precisó el texto.
De acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la asonada golpista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia, donde al menos 38 personas perdieron la vida, cientos fueron heridas y miles detenidas y reprimidas. Luis Fernando Camacho es uno de sus principales responsables.
El documento del organismo internacional señala:
1.- Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia.
2.- Al menos 38 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.
3.- Hubo ejecuciones sumarias en las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal.
4.- La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia; dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional.
5.- El Decreto 4078 fue promulgado para eximir de responsabilidad penal al personal de las FFAA.
6.- Grupos de choque (RJC y UJC) protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía. Asumieron tareas “parapoliciales” durante el motín policial.
7.- La Policía no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta ni cumplió con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público.
8.- Las actuaciones policiales evidenciaron móviles políticos.
9.- En el marco de la profunda polarización social y política se apeló a la identidad étnica como criterio de pertenencia o no a la sociedad boliviana.
10.- Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales.
11.- La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas debe ser reconocida y los responsables sancionados.
12.- Agentes policiales practicaron torturas y vejámenes psicológicos y racistas en contra de detenidos, en su mayoría jóvenes e indígenas.
13.- Algunas aprehensiones indican discriminación racial, con la humillación de los detenidos debido a sus rasgos fenotípicos asociados al origen indígena.
14.- Los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. La represión y el uso de lenguaje racista y antiindígena se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada, en su mayoría indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata.
15.- El uso de la Biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos jugaron un papel relevante para justificar la causa divina de su movimiento contra Evo Morales y fomentar una idea antiindigenista.
16.- Tratos discriminatorios en servicios de atención médica para varios heridos de bala.
17.- Los derechos de los periodistas afines al gobierno depuesto fueron vulnerados y acusados de ser “masistas”.
18.- La masacre de Senkata, con 10 víctimas fatales y 78 heridos de bala, fue justificada por el gobierno de facto con la versión de que los manifestantes pretendían quemar la planta de gas en El Alto.
19.- Detención y encarcelamiento de personas por publicaciones en redes sociales.
20. – Casos de violencia sexual y violencia en razón de género. Las mujeres aprehendidas fueron sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes policiales. Las obligaron a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas.
La Fiscalía inicia investigaciones por el caso Golpe de Estado I
Después de algún tiempo, la Fiscalía inició las investigaciones sobre el caso Golpe de Estado I, en el que están involucrados la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez y miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, acusados por los delitos de terrorismo y conspiración.
A ellos se suman alrededor de 15 políticos de la derecha neoliberal, jerarcas de la Iglesia católica, representantes de la Unión Europea y de países como Brasil, quienes convocaron a reuniones y se arrogaron la representación –no se sabe de quién– para instalar supuestas “mesas de diálogo”, pero planificaron el golpe de Estado.
Entre los jefes militares investigados se encuentra el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman, los exjefes militares Flavio Arce, Carlos Orellana, Jorge Fernández, Jorge Terceros, Jorge Mendieta y Palmiro Jarjury. También está el excomandante de la Policía Yuri Calderón.
Además, la Fiscalía investiga a los políticos neoliberales complotados en el golpe de Estado.
En este caso también son investigados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis, y otros.
