La decisión sobre el uso de armas ante inminentes nuevas protestas en Perú, seguirá en manos de militares y policías, según declaraciones del primer ministro, Alberto Ortárola.

El titular del Consejo de Ministros declaró al diario El Comercio que no hubo orden de disparar durante las protestas desatadas el 8 de diciembre que dejaron un saldo de 26 muertos, contra la destitución del presidente Pedro Castillo, hoy preso, y su reemplazo por Dina Boluarte.

“Hubo una instrucción específica de proteger la salud y la vida de los peruanos, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas tienen bien claro cuál es su deber, a través de sus procedimientos sobre el uso de la fuerza, son reglamentos que han sido trabajados desde hace mucho tiempo y que están vigentes”, alegó.

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Ortárola agregó que el Gobierno va a garantizar el orden público y lamenta las muertes, “pero nosotros tenemos que tener un alto sentido de la responsabilidad y seguir tomando decisiones para la protección de la integridad de todos nuestros compatriotas”.

El primer ministro reiteró que las tropas actuaron contra grupos violentos y hasta terroristas, según calificó, que aprovecharon el descontento social, aunque hay denuncias de excesos de los uniformados.

Entretanto, el analista político Javier Azpur cuestionó la pacificación proclamada en anteriores declaraciones por Otárola, quien durante los graves sucesos fue ministro de Defensa, por lo que opositores lo consideran responsable directo de las consecuencias.

Por otra parte, Azpur señaló que la presidenta Boluarte solo ofrece dialogar sobre proyectos sociales y económicos, pero se niega a tratar reclamos políticos, como el adelanto de las elecciones para el próximo año y no para abril de 2024, como decidió el impopular Parlamento.