Dictan en Brasil orden de búsqueda y captura contra gobernador del DF
Ibaneis Rocha es buscado por los actos terroristas ocurrido el pasado 8 de enero en Brasilia. También pesa la misma orden sobre el exsecretario ejecutivo de Seguridad Pública del Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira.
La Policía Federal (PF) de Brasil cumple cinco órdenes de búsqueda y captura contra el apartado gobernador Ibaneis Rocha, y para el exsecretario de Seguridad Publica, Fernando de Souza Oliveira, ambos del Distrito Federal (DF), por los actos terroristas ocurridos en el territorio el 8 de enero.
La disposición cumple la petición de la Fiscalía General, autorizada por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Ambos son investigados por la conducta asumida como autoridades en los momento en que sucedía la invasión y saqueo en las sedes del Congreso Nacional, el STF y la Presidencia, por parte de adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro.
Según la defensa de Rocha, la búsqueda será "la prueba definitiva de la inocencia" del cesado gobernador.
Esa decisión resulta inesperada y que Ibaneis siempre actuó de "manera colaborativa" ante la investigación, afirmó.
Los fiscales pretenden recopilar evidencia que ayude a aclarar por qué esas autoridades dejaron de adoptar medidas efectivas en Brasilia para evitar la intentona golpista y el vandalismo.
El 13 de enero, De Moraes ordenó investigar las conductas de Rocha y los comandantes de Seguridad durante los actos terroristas.
Inicialmente estarán bajo pesquisa: Rocha, De Sousa Oliveira, Anderson Torres, exsecretario de Seguridad Pública del DF que fue ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, y Fábio Augusto Vieira, excomandante de la Policía Militar del DF.
Cuatro días antes, el propio magistrado decidió apartar del cargo por 90 días al gobernador del Distrito Federal.
Además, acogió la determinación dentro del marco de la investigación de los actos antidemocráticos, de la que es ponente, al examinar una solicitud del senador Randolfe Rodrigues y de la Abogacía General de la Unión.
De acuerdo con el letrado, los actos terroristas del 8 de enero solo pudieron tener el consentimiento del gobierno del DF, pues los preparativos eran conocidos.
La escalada violenta de los actos criminales "con depredación del patrimonio público, conforme ampliamente informado por la prensa nacional, circunstancias que solo podrían ocurrir con la anuencia, y hasta participación efectiva, de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia", argumentó en su fallo.
Las embestidas contra edificios e instituciones de la República fueron indignas y no quedarán impunes, apuntó.
Para De Moraes, "los despreciables ataques terroristas a la democracia y a las instituciones republicanas serán responsabilizados, así como los financiadores, instigadores y los anteriores y actuales agentes públicos cómplices y criminales, que continúan en la ilícita conducta de la práctica de actos antidemocráticos".