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La Fiscalía de Brasil denunció a otras 152 personas sospechosas de estar implicadas en los actos golpistas que saquearon en Brasilia las sedes de los tres poderes el 8 de enero.
  
Según la Procuraduría General de la República, hasta este sábado, 653 sospechosos fueron imputados ante la justicia.

De acuerdo con el órgano, los golpistas fueron detenidos en el campamento frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia.

Los que parmanecen encarcelados están en unidades del sistema penitenciario del Distrito Federal (DF), tras la audiencia de custodia y la promulgación de los arrestos preventivos.

Avanzan las investigaciones sobre las invasiones en Brasília y vuelven a aparecer sospechas por connivencia de la policía. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/HyC2AVgOVR

— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) February 3, 2023

Tales detenidos están acusados por los crímenes de asociación criminal (de uno a tres años de prisión) e incitar la animosidad entre las Fuerzas Armadas contra los Poderes Constitucionales (de tres a seis meses).

La fiscalía demanda que los crímenes sean considerados por separado y las eventuales penas sean sumadas.

Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de extremistas adeptos del derrotado mandatario Jair Bolsonaro invadieron y depredaron el 8 de enero los edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.

Los vándalos también dañaron obras de arte y destruyeron muebles y equipos de trabajo.

Por tales hechos, abrieron varias líneas de investigación que condujeron a la detención de varios de los terroristas y ordenaron la intervención federal en la Seguridad Pública del DF.

De igual manera arrestaron al exsecretario de Seguridad Pública del DF, Anderson Torres; fue apartado del cargo el gobernador distrital Ibaneis Rocha; y resultaron identificados militares involucrados en el golpismo.

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A finales de enero, Bolsonaro solicitó una visa de turista de seis meses de duración para continuar en Estados Unidos y, según medios locales, de esta forma retardaría su regreso al país, a causa de las investigaciones por los actos antidemocráticos.

El exmilitar fue incluido en el expediente abierto por el ministro Alexandre de Moraes, del STF, para identificar a los donantes de la intentona golpista y corre riesgo de ser arrestado.