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Los estados miembros de la Unión Europea (UE) más Noruega y Suiza instaron a las partes libanesas a permitir una investigación "honesta y transparente" sobre la explosión del puerto de Beirut y a abstenerse de "todo acto de interferencia".

En un comunicado conjunto pidieron al Parlamento que acelerara la elección de un presidente para unir al pueblo por el bien del interés nacional, como un primer paso para restaurar la capacidad de las instituciones estatales para tomar decisiones a nivel administrativo y político.

Tras reanudar su trabajo, el investigador judicial del caso, Tariq Bitar, reclamó a ocho personas, incluidos cuatro jueces, mientras el fiscal del Tribunal de Casación de Líbano, Ghassan Oweidat, anunció retirarle a Bitar el caso.

La indagación se suspendió en diciembre de 2021 debido a las demandas presentadas sucesivamente por los acusados, incluidos diputados actuales y exministros, contra Bitar.

Sin embargo, este realizó una revisión legal en virtud de la cual anunció su decisión de retomar las investigaciones, lo que generó una amplia polémica legal y política.

La determinación de Bitar ocurrió aproximadamente una semana después de reunirse con una delegación judicial gala que visitó el Líbano con el objetivo de averiguar sobre el asesinato y lesiones de dos ciudadanos franceses en la explosión.

La suspensión de la investigación y la reiterada injerencia política alimentan la ira de varios familiares de las víctimas.