La Fiscalía de Perú ratificó este martes el nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

En esta jornada realizaron la audiencia sobre la solicitud de la Fiscalía, sesión virtual presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien emitirá su decisión el próximo jueves 9 de marzo.

Están incluidos en la misma petición el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva y el de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López.

Juez Juan Carlos Checkley Soria concluye audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses contra los investigado #PedroCastillo y los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva, y anuncia que emitirá su decisión el jueves 9, a las 15:00 horas. (1/4) pic.twitter.com/UJ60eypsnR

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 7, 2023

El exgobernante, preso desde su destitución el 7 de diciembre pasado, negó encabezar o integrar una red criminal dedicada a la corrupción, como sostiene la fiscalía.

Su único delito fue servir como presidente de la República, aseguró, y fustigó duramente al Parlamento.

Según su versión, para condenarlo armaron un "castillo de delitos", con supuestos y términos imprecisos a partir de declaraciones de colaboradores comprados a cambio de mejor trato judicial.

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A partir de las acusaciones ventiladas piden un aumento a 36 meses de su prisión preventiva, en lugar de los 18 impuestos en diciembre de 2022 por el cargo de rebelión, cuando intentó disolver el Congreso y fue destituido por el Parlamento.

El abogado Eduardo Pachas insiste en la falta de pruebas para las acusaciones de corrupción y consideró a Castillo "secuestrado" sin cometer ningún delito.

Si encabezaba una organización criminal, quienes lo acusan desde el Parlamento serían también integrantes porque en su mayoría visitaron el despacho presidencial, y las bancadas congresales pedían fondos para aprobar el proyecto de presupuesto nacional, especuló el defensor.

También señaló como falta de sentido aplicar otra prisión preventiva cuando no hay riesgo de fuga u obstrucción a la justicia, en tanto permanece en un penal de alta seguridad.

Estoy secuestrado casi 100 días y no tengo los privilegios de quienes están a mi costado, ironizó Castillo en alusión al exgobernante Alberto Fujimori, sancionado por crímenes de lesa humanidad en el mismo recinto.

Por otra parte, la Fiscalía y la unidad policial a su servicio allanaron las casas del empresario español Jorge Hernández y un exasesor informal de inteligencia, acusados de operar un aparato paralelo para espiar y desacreditar a fiscales y policías a cargo del caso.

Este registro y detención responde a un versión filtrada a la prensa opositora en octubre de 2022.

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