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El gobierno chileno aprobó una ley de protección para la policía, cuestionada por la ciudadanía y por la oposición derechista del país, las cuales responsabilizan a la administración de Gabriel Boric de la crisis de seguridad que vive la nación.

A pocas horas de dictada la socorrida ley, balearon en pleno centro de Santiago, al cabo primero de Carabineros Daniel Rodrigo Palma Yáñez, de 33 años, quien moría horas después.

El suceso ocurrió cuando el uniformado quiso controlar a un automóvil y desde cuyo interior le propinaron a mansalva dos tiros en la cabeza, tercer agente asesinado en acto de servicio en tres semanas.

Tanto desde la derecha como desde sectores del oficialismo, particularmente senadores socialistas, demandan que el ejército cope las poblaciones y/o municipios más críticos, tomados por las mafias en la nación andina.

Entre tanto, el Gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, anunció la transferencia de mil 500 millones de dólares para fortalecer el rubro de seguridad y equipamiento a la Policía.
 
Así lo precisó el mandatario en una intervención, donde llamó a la unidad nacional con el propósito de enfrentar la inseguridad ciudadana.

Boric hizo su alocución luego de participar en las honras fúnebres del cabo de Carabineros.

Los mil 500 millones de dólares anunciados servirán en su mayor parte para adquirir equipos de protección destinados a los agentes del orden con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa.

De acuerdo con el presidente, no se trata de una erogación puntual, sino de un incremento permanente del presupuesto público anual destinado al tema de la seguridad.

Por su parte, el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, se refirió a ese gasto y a las críticas de algunos sectores de la oposición que exigían al Ejecutivo entregar a las instituciones policiales el dos por ciento constitucional previsto para casos de emergencia o catástrofes.

Marcel precisó que el dos por ciento citado suma unos mil 200 millones de dólares y el presidente transfirió más que esa cantidad.

Además del tema presupuestario, el Gobierno chileno adoptó el jueves último otras medidas, entre ellas la intervención en unas 30 comunas, varias en la Región Metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de actos delictivos del país.

Serán revisados y fortalecidos los planes operativos de la Policía y mejorarán las tareas de búsqueda e incautación de armas que circulan de manera ilícita.