Avanza presentación de pruebas en juicio contra presidente de Ecuador
Nuevos documentos para probar el delito de peculado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegaron a manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Las legisladoras de Ecuador Viviana Veloz y Mireya Pazmiño entregaron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea otras 11 nuevas pruebas documentales contra el presidente Guillermo Lasso, enjuiciado por el delito de peculado o malversación.
Uno de los archivos es un examen de la Contraloría General del Estado, donde advierte al mandatario sobre supuestas irregularidades en el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker.
Otra evidencia descansa en las fichas emitidas por el exsecretario anticorrupción, Luis Verdesoto, sobre tales presuntas inconsistencias en el contrato; así como un oficio del vicealmirante Johnny Estupiñán, enumeró la red televisiva Telesur.
Las asambleístas propusieron además llamar a 12 testigos ante la mesa para sustentar la acusación, de la cual Lasso insiste en declararse inocente.
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, insistió en la necesidad de singularizar las pruebas y enmarcarlas solo en lo relacionado con el peculado, so pena de quedar en el "limbo" o desestimarse.
Esa alerta responde al mandato de la comisión, limitada a esa acusación concreta, y obligada a desestimar los otros delitos ventilados de inicio para reclamar el juicio político contra el mandatario.
Con ese argumento, otros legisladores, como Johanna Moreira, de Izquierda Democrática, sugirieron a la Corte Constitucional (CC) anular el procedimiento, cuyo fin es adelantar el cese del mandato de Lasso.
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Sin embargo, el abogado Ismael Quintana aclaró que la CC no tiene competencias para revisar el procedimiento del juicio político, y menos para declarar nulidades, explicó Telesur.
La Comisión precisa tener un informe listo sobre el tema en un máximo de 30 días. En la fase actual, el mandataio tiene hasta el día 16 de abril para presentar pruebas de descargo.
A partir de la decisión de ese grupo parlamentario, la discusión final corresponderá a la Asamblea en pleno, donde al menos dos terceras partes (92 votantes) deberán estar de acuerdo para sancionar al jefe de Gobierno.