Las múltiples crisis que atraviesa el Ecuador podrían decantar en la caída prematura de su presidente, el exbanquero neoliberal Guillermo Lasso. Esta semana, arrancó en el Congreso el trámite formal para dar curso al juicio político contra el mandatario luego de que la Corte Constitucional diera luz verde al pedido iniciado por la mayoría opositora en el Parlamento.

Lasso está señalado por una serie de acusaciones vinculadas a delitos contra la administración pública y malversación de fondos. La búsqueda de su destitución se desencadenó luego de que el medio digital La Posta revelara un informe sobre una supuesta estructura de corrupción desplegada para la asignación de cargos públicos en empresas estatales a cargo de su cuñado, Danilo Carrera.

La admisión del juicio político a Lasso tiene que ver con el delito de peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020, antes de que asumiera el cargo en mayo de 2021.

El trámite ahora quedó en manos de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que deberá recibir las pruebas y los descargos, y redactar un informe que recomiende o no el juicio político. Se prevé que en el lapso de un mes el pleno del Legislativo debata ese informe y vote si destituye o no al presidente.

“El país ya no aguanta más”

Para que sea depuesto, se precisan las dos terceras partes de los votos, es decir la aprobación de 92 de los 137 legisladores y legisladoras. Las fuerzas de oposición, mayoritarias en la Asamblea, evalúan que tienen los votos suficientes, teniendo en cuenta la paulatina pérdida de apoyos de Lasso en el recinto. “Nosotros tenemos una mayoría coyuntural. El país ya no aguanta más. Este no es un tema ideológico, sino un acuerdo político con las bancadas para que el presidente Lasso no continúe un solo segundo más a la cabeza del país”, asegura la legisladora correísta Pamela Aguirre.

Lasso salió airoso de una situación similar en junio de 2022 cuando, en el medio de un largo levantamiento indígena contra sus políticas económicas y la carestía de la vida, la oposición planteó una moción para destituirlo que no prosperó por pocos votos.

Pero ahora el presidente aparece en una situación de mayor debilidad institucional y, sobre todo, de una enorme pérdida de respaldo popular. Lo que se ratificó en las recientes elecciones del 5 de febrero en las que sufrió una apabullante derrota en el referendo que había convocado para reformar la Constitución y en las que el correísmo resultó el gran vencedor de los comicios locales.

Otro fracaso neoliberal

La Constitución ecuatoriana establece que “en caso de falta definitiva de la presidenta o presidente, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia por el tiempo que reste para completar el correspondiente período presidencial”. En este caso, sería Alfredo Borrero, hoy también ministro de Salud, quien sospechosamente viajó este jueves a EE UU donde permanecerá por 10 días. Si Borrero no acepta el cargo y decide renunciar, debería asumir el presidente de la Asamblea Nacional y se convocaría a nuevas elecciones.

Lógicamente, Lasso niega todas las acusaciones y acusa a la oposición de intentar un “golpe de Estado parlamentario” orquestado por lo que denomina los “triunviros de la conspiración”, en donde ubica al exmandatario Rafael Correa, al exalcalde de Guayaquil (y exaliado suyo) Jaime Nebot y al máximo dirigente de la poderosa y principal organización indígena CONAIE, Leonidas Iza.

Lasso recién cumplirá dos años en el Palacio de Carondelet el próximo 24 de mayo. Durante estos 22 meses, el autodefinido “Gobierno del Encuentro” se vio envuelto en varios casos de corrupción y no ha logrado revertir la crisis económica que se profundizó con la pandemia. El extitular del Banco Guayaquil mantuvo en la presidencia su fidelidad al recetario neoliberal y al ajuste ordenado por el FMI, que incluyó la eliminación del impuesto a la salida de divisas y a la herencia, la eliminación de subsidios a los combustibles y varias privatizaciones de empresas públicas.

Su gobierno también se caracterizó por la proliferación de los grupos narco-criminales y una inédita espiral de violencia, delincuencia y homicidios. La disputa entre bandas muestra toda su crudeza en las cárceles ecuatorianas donde, desde el 2021, se registraron 14 masacres con más de 400 presos fallecidos (ver recuadro).

Hasta la llegada de Rafael Correa, Ecuador venía atravesando un período de gran inestabilidad política: entre 1997 y 2005 ninguno de los presidentes constitucionalmente elegidos logró terminar su mandato, expulsados por la indignación y la movilización popular. Uno de ellos fue Jamil Mahuad, de quien Lasso fue su superministro de Economía.

Nafta al fuego

En un contexto de acelerada propagación de las bandas narco-criminales y el abrupto crecimiento de la delincuencia organizada, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso tomó una medida que causó revuelo: mediante un decreto, autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, algo que había sido prohibido hace una década por Rafael Correa.

El anuncio desató una ola de críticas de la oposición y de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos. El propio Correa exhortó en Twitter: “Ecuatorianos: no permitamos que la ineptitud nos mate. Con la prohibición de porte de armas, convertimos a Ecuador en segundo país más seguro de Latinoamérica. Destrozaron todo y ahora nos venden sus torpes soluciones. Es evidente que problema es el gobierno, no las leyes”.

Por su parte, Leonidas Iza, principal dirigente de la poderosa CONAIE, advirtió que “el libre porte de armas fomentará la aparición de grupos paramilitares, viejo anhelo de las élites para [asegurar el] control social. Lasso ya es el responsable de este baño de sangre”.

En tanto, la Universidad de Cuenca también rechazó la iniciativa al considerar que “transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección”. Además, apuntó que “estudios demuestran que el uso de armas de fuego incrementa los homicidios, femicidios, suicidios y la violencia social”.