Petrolera estatal centro en juicio político a presidente de Ecuador
Guillermo Lasso acusado de peculado enfrenta un proceso que este viernes analizó polémicos contratos entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tanker.
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Petrolera estatal centro de juicio político a presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
El polémico contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tanker volvió a centrar los debates del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado de peculado.
Según señaló el exprocurador Íñigo Salvador, la Procuraduría General del Estado (PGE) no revisó el convenio entre ambas compañías en 2021 porque la Contraloría General del Estado (CGE) había hecho un examen especial.
El segundo llamado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (parlamento) fue el actual procurador, Juan Carlos Larrea, quien insistió en el papel de la institución, el cual manifestó es solamente revisar la cláusula sobre el arbitraje, no el contenido del contrato.
No obstante, agregó el hecho de no pedir la autorización para el contrato inicial de Amazonas Tanker implica una contravención a una disposición legal y eso debería acarrear responsabilidad administrativa para el funcionario encargado.
Otro de los testigos presentes fue el presidente de la entidad Coordinadora de Empresas Públicas (Emco EP), Joaquín Ponce, quien confirmó no haber recibido ninguna disposición de Lasso para tomar medidas políticas y administrativas en Flopec y evitar el presunto delito de peculado.
No obstante, Ponce consideró infundado el proceso para destituir al mandatario, pues Flopec realizó varios exámenes especiales para analizar la situación con Amazonas Tanker y han cumplido las recomendaciones emitidas.
Las audiencias parlamentarias para definir la responsabilidad política del mandatario en las irregularidades en el contrato entre ambas compañías continuarán la próxima semana.
El jefe del Ejecutivo citado para comparecer el próximo miércoles ante la Comisión de Fiscalización, no acudirá, su defensa la asumirán sus abogados, confirmó en entrevista a Radio Sonorama el subsecretario Jurídico de la presidencia, Jorge Benavides.
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El 26 de abril concluirá la fase dedicada a escuchar testigos y analizar documentos y a partir de ese momento la Comisión tendrá 10 días para concluir un informe sobre el caso.
Más allá de la recomendación, para censurar al jefe de Estado se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
