Parlamentarios de Ecuador acusarán el martes a presidente de la nación
Guillermo Lasso podrá presentar su defensa ante la Asamblea por la acusación de delito de peculado en el juicio político aprobado por ese cuerpo legislador.
Los legisladores ecuatorianos Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, serán los interpelantes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, confirmaron los asambleístas en las redes sociales.
El próximo martes tendrá lugar en el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) la primera sesión, en la cual el mandatario tendrá derecho a defenderse por tres horas de la acusación de presunto peculado, por ignorar las irregularidades en un contrato para el transporte de petróleo.
Ese mismo día, Veloz y Torres presentarán argumentos sobre cómo el gobernante sabía de los problemas del convenio entre Amazonas Tanker y la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y aún así aceptó prorrogarlo.
El jefe del Ejecutivo fue notificado por la vía formal para garantizar su presencia este martes en la sede del Parlamento.
Finalizada su intervención, Lasso abandonará la sala, y los 137 asambleístas iniciarán el debate, el cual podría prolongarse por varios días, si cada uno ejerce su derecho a intervenir por 10 minutos, según concede la ley.
Cinco días después de concluida la discusión tendrán una nueva sesión para resolver el caso, con base a las pruebas de cargo y descargo.
La acusación necesita 92 votos a su favor para lograr la destitución del presidente Lasso.
El pasado martes, la Asamblea aprobó una resolución, promovida por Veloz, en la cual 88 legisladores aceptaron continuar con el procedimiento que podría conllevar a la censura del gobernante.
El documento aprobado señaló evidencias del desvío o distracción de los fondos generados anualmente por empresas con las cuales Flopec tenía relación contractual, aunque el Gobierno calificó de fábulas esas acusaciones e insiste en la inocencia de Lasso.
El proceso de juicio político contra el mandatario tiene lugar en medio de un gran rechazo popular a su gestión, pues más del 80 por ciento de la población desaprueba los pasos de su administración en medio de la crisis de inseguridad en el país.