Gobierno de Perú avala presencia militar de Estados Unidos
Cerca de mil efectivos de tropas terrestres, aéreas, especiales, navales y espaciales entrarán al país sudamericano durante el segundo semestre de 2023, a pesar de las protestas populares.
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Una vez más, tropas de Estados Unidos van de "asesoras" a un país extranjero.
El Gobierno de Perú avaló la decisión del Congreso de autorizar la presencia de un millar de efectivos del ejército de Estados Unidos, a pesar de las proptestas populares contra una medida catalogada de injerencista.
La presidenta en funciones, Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Vicente Romero, firmaron sendas resoluciones para acoger a las tropas norteamericanas en varios arribos entre este jueves 1 de junio y el 31 de diciembre de este año, .
El primer grupo lo componen 25 activos de las Fuerzas Especiales, y traen consigo su armamento (fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, cañones cortos, morteros y escopetas) para entrenar en su uso a las Fuerzas Armadas de Perú.
El siguiente equipo estará integrado por cinco especialistas y un planificador en asuntos civiles, y su misión es prestar asistencia en operaciones especiales a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional peruanas.
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Según declaraciones de la Fuerza Aérea del Perú, avaladas por la primera resolución, el intercambio con integrantes de la 12° Fuerza Aérea de los Estados Unidos (12AFSOUTH) les permitirá diseñar un escenario donde desarrollar capacidades en un entorno de operaciones de carácter multinacional, con países aliados y amigos, para luchar contra amenazas comunes de impacto regional y global.
El segudo decreto autoriza el ingreso de medios aéreos y náuticos, y de personal militar estadounidense, en calidad de entrenadores para el Ejercicio Militar Internacional Resolute Sentinel 2023, en el cual participarán 970 efectivos de de la Fuerza Aérea, Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.
Las resoluciones detallan las diversas fuerzas anfitrionas para estos entrenamientos, cuyo desarrollo se prevé en áreas de Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.
Mientras tanto, el gobierno de Boluarte enfrenta una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por uso desproporcionado, indiscriminado y letal de las fuerzas por parte de varios militares y policías durante las protestas populares, meses atrás, contra las decisiones del Congreso y la presidenta interina, violaciones que llevaron a la muerte a medio centenar de ciudadanos.
