Argentina condena a 16 exmilitares de la dictadura
Entre los condenados se encuentran un exfiscal de la Justicia Federal y los integrantes del grupo de tareas del Regimiento 22 de Infantería del Ejército.
Entre penas perpetuas, temporales y absoluciones, el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Argentina condenó a 16 represores autores de delitos de lesa humanidad en la provincia de San Juan, durante la última dictadura militar (1976-1983).
Jorge Antonio Olivera, Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Francisco Del Torchio, Juan Carlos Coronel y Miguel Ángel Mejías recibieron la pena máxima, además del ex fiscal federal Juan Carlos Yannello, imputados por 78 hechos entre homicidios, privaciones ilegitimas, violación, abuso sexual y robo.
En tanto, el tribunal condenó a otras nueve personas a entre cuatro y 12 años, mientras absolvió a otros ocho.
Desde el Edificio Central de la UNSJ, el rector Tadeo Berenguer y la vicerrectora, Analía Ponce, junto a integrante de organismos de Derechos Humanos, siguieron la lectura del fallo del Tribunal Oral Federal de San Juan. #MemoriaVerdadYJusticia #NuncaMás #SanJuan #Argentina pic.twitter.com/iwVfZPCw93
— UNSJ Oficial (@UNSJ_Oficial) July 7, 2023
El juicio oral y público investigó privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, desapariciones forzadas y delitos contra la integridad sexual.
En principio fueron 35 los imputados, pero en el proceso penal dos quedaron descartados y otros no continuaron por fallecimiento o enfermedades incapacitantes.
El expediente refiere hechos padecidos por 150 víctimas, de las cuales 22 están aún desaparecidas y seis fueron ejecutadas en el contexto de un caso conocido como Fusilamientos.
En el proceso desarrollado en la sede del TOCF de San Juan declararon más de 100 testigos.
Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en Argentina se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos contra la población civil, detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, violaciones y abusos sexuales, robo de bienes; ataques a las libertades civiles, políticas y sindicales; así como censuras y persecuciones de todo tipo.
En ese lapso de tiempo desaparecieron alrededor de ocho mil 589 ciudadanos, la mayor parte de ellas durante la ejecución del Plan Cóndor.