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El gobierno de México tiene ya vinculadas a 116 personas a proceso judicial por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, informó este sábado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
 
El dato lo reveló en un vídeo que circula en redes sociales como parte de la difusión del trabajo realizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República.

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Allí expuso que del total de detenidos, 14 son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre ellos, un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón, un capitán, un teniente y 10 soldados, más un individuo de la Secretaría de Marina (Semar).

A ellos se suma el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el exdirector antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el exministerio público de esta misma corporación.

Están detenidos 32 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, 49 policías municipales: dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 38 de Iguala; más cuatro federales y tres federales ministeriales, así como siete estatales.

Igualmente guardan prisión el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y la expresidenta del departamento de información financiera de ese municipio, María de los Ángeles Pineda Villa.

Según Encinas en este proceso de judicialización, otras 77 personas involucradas, de 169 consignadas, fueron exoneradas por jueces.

Sobre el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, prófugo en "Israel", indicó la solicitud reiterada de extradición por tortura y otros delitos realizada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador .

Con estas acciones el compromiso del presidente López Obrador por combatir la impunidad se convierte en hechos. La judicialización y procesos abiertos al escrutinio público representan una nueva etapa en la justicia social de México.