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Alrededor de 40 mil personas en "Israel" realizaron manifestaciones frente al Tribunal Supremo de Jerusalén para exigir la cancelación de las enmiendas judiciales propuestas por el actual Gobierno, informaron medios locales.

El último acuerdo es un nuevo truco destinado a crear dificultades a los jueces del Tribunal Supremo antes de la sesión judicial de esta semana, cuando deben decidir sobre las peticiones contra la ley de razonabilidad, afirmó el líder de la oposición, Yair Lapid.

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Durante una conferencia en "Tel Aviv", Lapid recordó una declaración suya anterior, en la cual alertó a sus pares de la oposición sobre la posibilidad de un acuerdo, "en apariencias demasiado bueno para ser verdad”.

Uno de los objetivos de esa propuesta sería facilitar la reunión del primer ministro de la ocupación, Benjamín Netanyahu, con el presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca, añadió Lapid.

De acuerdo con analistas del Canal 13, la indulgencia mostrada por Netanyahu en sus posiciones respecto a la enmienda judicial está ligada a sus visitas políticas, sobre todo su deseado viaje a Estados Unidos.

A pesar de su oposición al convenio, Lapid anunció su apoyo a uno de sus pilares, donde estipula la suspensión de todas las enmiendas judiciales durante un año y medio.

El acuerdo propuesto depende de la presentación del gobierno de una versión “más suave” de la  ley  aprobada en fecha reciente, en la cual suprimen el estándar de razonabilidad para las decisiones del gabinete y las decisiones ministeriales.

Además, congelaría durante 18 meses los esfuerzos para reconstituir el comité de selección de jueces, y requeriría el apoyo de siete de nueve miembros en el Comité de Selección Judicial para todos los nombramientos, incluida la selección del presidente del Tribunal Supremo. 

Netanyahu invitó a otro líder de la oposición, Benny Gantz, a negociar ajustes en las enmiendas judiciales, en el contexto del plan de asentamiento elaborado por el jefe de la entidad de ocupación, Isaac Herzog, quien fue anfitrión durante meses de conversaciones de asentamiento entre figuras del gobierno, la coalición y la oposición.

El plan de enmiendas judiciales enfrenta protestas millonarias desde hace unas 36 semanas, además de advertencias de figuras económicas y jurídicas que amenazan con perjudicar al país.