El Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente de Argentina, Javier Milei, entró en vigor, pese a una treintena de amparos presentados por sindicatos, abogados y ciudadanos.

La publicación del Boletín Oficial oficializó el texto y reformó o derogó más de 300 normativas, incluida la privatización de las empresas estatales, la desregulación de la economía y la reforma laboral.

Como respuesta, miles de personas llegaron hasta el Congreso y salieron a las calles de este país para expresar su descontento.

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Políticos, diputados y varias agrupaciones también señalaron la inconstitucionalidad de estas acciones.

Desde la Unión por la Patria en la Cámara baja del Congreso exigieron la conformación urgente de una Comisión Bicameral para analizar esta situación, tal como estableció la carta magna y las resoluciones de ese cuerpo.

Según lo establecido en la Ley 26 122, este tipo de decretos necesita ser considerado por dicho ente dentro de los 10 días posteriores a su divulgación. 

Durante las últimas jornadas, organizaciones como la Confederación General de los Obreros y la Central de Trabajadores de Argentina presentaron recursos contra esa legislación y realizaron manifestaciones para expresar su rechazo.