Aumenta tensión en Argentina en medio del debate de la Ley Ómnibus
La Confederación General del Trabajo señaló que, si para la discusión parlamentaria se debe militarizar el Congreso de la Nación, es sensato sospechar sobre los supuestos ''beneficios'' para el pueblo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus).
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Centenares de personas llegaron hasta los alrededores del parlamento para rechazar las reformas de Milei.
Mientras a lo interno del Congreso de Argentina los parlamentarios sostenían un debate sobre la controvertida ''ley ómnibus'' propuesta por el presidente, Javier Milei; en las afueras aumentó la tensión entre la multitud de manifestantes que rechazaron el proyecto.
Efectivos con bastones y escudos, la policía motorizada y camiones hidrantes fueron desplegados para impedir la realización de una manifestación contra el paquete de leyes del Gobierno.
Según el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano, los ciudadanos fueron agredidos con gases lacrimógenos y amenazados por los oficiales en motos.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo señaló que, si para la discusión parlamentaria se debe militarizar el Congreso de la Nación, es sensato sospechar sobre los supuestos ''beneficios'' para el pueblo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus).
El paquete de normativas incluye aspectos muy cuestionados como la atribución de funciones legislativas al Ejecutivo y el establecimiento de la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
Además, elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; y permite renegociar o rescindir contratos de la administración pública.
Igualmente, establece que quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes.
Organizaciones sociales celebraron la semana pasada una movilización masiva para rechazar la normativa; además de instituciones de Derechos Humanos enviaron a los diputados una misiva de rechazo al llamado Decreto de Necesidad y Urgencia, que incluye más de 300 medidas para desregular la economía.
