ONU rechaza asalto a Embajada de México en Ecuador
El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó que el principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas "debe respetarse en todos los casos de conformidad con el derecho internacional".
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El secretario general de la ONU, António Guterres.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su rechazo al asalto a la Embajada de México en Ecuador por parte de las fuerzas de seguridad.
Guterres reafirmó el principio fundamental de la inviolabilidad de los locales y del personal diplomático y consular e instó a respetarlo en todos los casos de conformidad con el derecho internacional.
En su opinión, las violaciones de esa norma ponen en peligro las relaciones internacionales, fundamentales para el avance de la cooperación entre los Estados.
Durante la noche del viernes, la Policía Nacional ecuatoriana irrumpió en la sede diplomática mexicana y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, a quien el mandatario Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo.
Además, en la irrupción resultaron heridos varios funcionarios. El embajador interino y jefe de Cancillería y Asuntos Políticos, Roberto Canseco, fue empujado al suelo por agentes.
En este contexto, el gobierno de México anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador.
Los presidentes de Venezuela, Honduras, Colombia, Cuba, Bolivia, los gobiernos de Chile y Perú, las autoridades de Guatemala, así como los Ministerios de Asuntos Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay condenaron la violación del derecho internacional por parte de las autoridades del país suramericano.
Nicaragua anunció el sábado la ruptura de "toda relación diplomática" con Ecuador.
Por su parte, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador convocó a los ministros de Gobierno, Defensa y Relaciones Exteriores; Mónica Palencia, Gian Carlo Loffredo y Gabriela Sommerfeld, de manera respectiva, por la incursión registrada.
La vicepresidenta del órgano legislativo, Viviana Veliz, manifestó su repudió a la actuación del gobierno en contra de las reglas del derecho internacional público.
"Nuestro deber es fiscalizar y determinar las responsabilidades de los funcionarios que permitieron el allanamiento a la Embajada de México y pisotearon la ley", agregó.
