Unión Europea criticó allanamiento de la embajada de México en Ecuador
El jefe de la diplomacia en la UE, Josep Borrell, resaltó el incumplimiento de la Convención de Viena de 1961, relativa a las relaciones entre gobiernos.
A nombre de la Unión Europea (UE), su Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, criticó la situación vivida en la sede diplomática de México en Quito, capital de Ecuador, y la conducta de las autoridades locales.
Según resaltó el alto funcionario europeo, secuestrar de manera violenta al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, a quien México ofrecía asilo político bajo el amparo de las leyes internacionales, es un significativo incumplimiento de la Convención de Viena de 1961, relativo al derecho diplomático.
Condeno la violación de las instalaciones de la Embajada de México en Quito en un claro incumplimiento de la Convención de Viena de 1961.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 7, 2024
Hago una llamada a respetar el derecho internacional diplomático.
La inexplicable violencia desatada por las autoridades ecuatorianas el pasado viernes (sobre la persona de Glas y sobre funcionarios mexicanos mientras exigían el respeto de la integridad de sus instalaciones), motivó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, además de la condena de numerosos países y organizaciones de la región.
En Occidente, destacó el repudio del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
Todos los mensajes coincidieron en la alarma sobre el allanamiento de la sede diplomática, una inexcusable violación de la Convención de Viena, al no seguir los protocolos para ventilar estas diferencias entre gobiernos.
Sobre esta decisión, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, explicó en un comunicado oficial que la decisión del Gobierno de Daniel Novoa fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente de un ciudadano requerido por la Justicia".