Acuerdos de Barbados y Caracas trazan ruta electoral en Venezuela
Estos comicios venideros, quizás como nunca antes, están bajo la influencia del diálogo promovido desde el Gobierno con todos los sectores políticos, económicos y empresariales del país, para alcanzar consensos por la prevalencia de la paz y el bienestar del pueblo.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela serán la número 31 desde la llegada de la Revolución bolivariana y, como las anteriores, tendrán lugar en un contexto complejo y de polarización política.
Nada nuevo en un proceso de transformación donde, desde la llegada del comandante Hugo Chávez (1954-2013) en 1999, dos concepciones ideológicas se enfrentan y en la que, una de ellas, no ceja en acudir a métodos violentos e inconstitucionales.
Por demás, esa derecha nacional fraccionada, sigue respondiendo a los intereses de la potencia imperial de Estados Unidos que, en los últimos 25 años, interfiere de manera provocadora y colonialista en los asuntos internos del país sudamericano.
Como expresó en días recientes el presidente Nicolás Maduro, los comicios de julio parecieran “una campaña presidencial”, en la cual “se está eligiendo al presidente del mundo”.
Esa realidad responde a la campaña internacional que, desde mucho antes del anuncio de los sufragios presidenciales, la extrema derecha venezolana, Washington, sus satélites regionales y en el mundo, apoyados por la gran prensa y las redes sociales, atacan a Venezuela.
Mienten (fake news), desinforman y ocultan o desvirtúan la verdad para sembrar matrices que buscan solo presentar “al régimen de Nicolás Maduro” como lo peor, cuando la Revolución, en medio de la multidimensional guerra, realiza esfuerzos supremos por sostenerse y avanzar.
No puede obviarse que esta permanente ofensiva contra Venezuela busca descalificar al Estado bolivariano, su constitucionalidad y ejemplo ante el mundo, todo por apoderarse de sus riquezas naturales y retrotraer al país a una coyuntura sociopolítica que una mayoría se niega a regresar.
Estos comicios venideros, quizás como nunca antes, están bajo la influencia del diálogo promovido desde el Gobierno con todos los sectores políticos, económicos y empresariales del país, para alcanzar consensos por la prevalencia de la paz y el bienestar del pueblo.
A la luz de la permanente plática conciliadora, sobresale la sostenida por el Ejecutivo nacional con la denominada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), conformada por varias organizaciones con fines políticos y considerada la más violenta del variopinto entramado opositor.
Como resultado de estas conversaciones y conforme a lo previsto en el Memorando de Entendimiento suscrito en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021, el Gobierno y la PUD firmaron el 17 de octubre del pasado año los llamados Acuerdos de Barbados.
La firma de los documentos en Bridgetown, capital barbadense, estuvo a cargo del jefe de la delegación oficial Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde por el sector opositor, y contó con la mediación y acompañamiento de Noruega, Brasil, Países Bajos, Rusia y México.
En ese texto, las partes pactaron como fecha oficial de las elecciones presidenciales el segundo semestre de 2024, el derecho de cada actor político a seleccionar su candidato de manera libre y conforme a los mecanismos internos, la Constitución y la ley
También incluyó un conjunto de garantías para todos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellas la ejecución de las 16 auditorías del sistema electoral venezolano, se celebraron tres hasta la fecha, y la participación de todos los actores políticos e internacionales.
Estos últimos supone la invitación a misiones técnicas de la Comunidad del Caribe, la Unión Europea, la Unión Africana, el Panel de Expertos de la ONU, la Unión Interamericana de Derechos Electorales y el Centro Carter, entre otros con el fin de observar el desarrollo de los comicios.
Importante remarcar que hasta la fecha ya viajaron a Caracas delegaciones exploratorias de las Naciones Unidas, la UE, el Centro Carter (Estados Unidos), el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y del Observatorio Parlamentario para la Integración Regional
Los Acuerdos de Barbados llamaron, además, a promover un discurso público y un clima favorable, sin injerencias externas, de respeto a la ciudadanía, la Constitución y las leyes del país, y rechazaron cualquier forma de violencia y acciones que atenten contra la paz territorial de la República Bolivariana.
Un convenio más amplio y abarcador fue rubricado en febrero de este año en la Asamblea Nacional por sectores sociales y políticos con propuestas para el CNE sobre las elecciones presidenciales, que se denominó Acuerdo de Caracas y que, según Maduro, recogió lo mejor de México y de Barbados.
Este incorporó a todos los sectores sociales, laborales, empresariales, culturales, intelectuales, religiosos, además de 43 partidos políticos (incluida la PUD) reconocidos ante el Poder Electoral, los cuales realizaron 150 reuniones e hicieron más de 500 propuestas vinculadas con el calendario electoral.
El pacto de Caracas, al decir del jefe de Estado bolivariano, garantiza que en Venezuela haya “elecciones libres, democráticas, inclusivas, transparentes y constitucionales”.
Sin embargo, no son pocos los obstáculos a sortear en un escenario complicado donde el Gobierno admitió que cumplieron a cabalidad con todos esos acuerdos, no así la oposición de la PUD y Estados Unidos.