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Los consensos alcanzados mediante los Acuerdos de Barbados (2023) y de Caracas (2024), si bien definieron la ruta a seguir para la celebración de las elecciones en Venezuela del 28 de julio, son también motivo de discordias entre sus firmantes. 

Por una parte, la oposición representada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) acusa al Gobierno de incumplir lo pactado, por la otra, el oficialismo responsabiliza a esta de violentar lo suscrito.

El PUD centra sus denuncias en que el Ejecutivo impidió la selección de manera libre y acorde a las leyes y la Constitución de su candidato, representado en la figura de la inhabilitada María Corina Machado, quien supuestamente ganó en octubre del pasado año los comicios internos de la derecha. 

La propia oposición, llamada moderada, calificó dichos sufragios de fraudulentos por la serie de irregularidades detectadas como el robo de boletas, impedimentos para votar a algunos líderes de otros partidos y el incremento desmedido del número de electores, que cifraron en más de dos millones.

De otro lado, el candidato de Acción Democrática Carlos Prosperi dejó entrever entonces, la posibilidad de fraude al calificar de sesgados los resultados comiciales y donde “mucha gente no pudo participar”.

Manifestó que lo ocurrido obedeció al hecho de no haber contado con el sostén del Consejo Nacional Electoral (CNE), que había ofrecido apoyo logístico; y “hemos visto el desastre", afirmó

Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, denunció que estos comicios no fueron organizados por ninguna comisión electoral, sino por Súmate, una organización que “es el imperialismo norteamericano”.  

No hay manera porque aquel que violó la Constitución y las leyes, se le aplicará lo que ellas mismas establecen, sentenció, en referencia a la no participación de Machado en las elecciones presidenciales 2024.

Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez afirmó que lo sucedido “no fue una elección, sino una farsa”, y en Barbados firmaron un acuerdo que garantiza que las votaciones sean justas, libres y demostrables; lo ocurrido el domingo (22 de octubre) “no hay manera de verificarlo”, aseveró.

La periodista brasileña Patricia De Oliveira Souza Lelis, quien trabajó en varios medios de comunicación en Estados Unidos cubriendo noticias de América Latina, puso al descubierto en días recientes que Machado recibió durante esos comicios internos un soborno de 3,2 millones de dólares.

Esos dineros pagados por el lobby estadounidense Howard Stirk Holdings preveían la entrega de la empresa estatal Petróleos de Venezuela a la trasnacional Chevron y serían utilizados para “financiar toda la campaña electoral y centrarse mucho en las redes sociales”.   

También la derecha atribuyó al oficialismo de incumplir con la actualización del registro electoral, según lo pactado en Barbados, al decir que las jornadas especiales establecidas en lo nacional e internacional no garantizaban la inscripción y actualización de millones de venezolanos.

El CNE fijó desde el 18 de marzo y hasta el 16 de abril -primer corte preliminar- la inscripción y actualización del registro electoral con la activación de 315 puntos fijos y más de mil 43 máquinas distribuidas en todo el país.

Hasta el 22 de abril, según datos preliminares del Poder Electoral, se apuntaron en el padrón 604 mil 964 nuevas personas y otras 847 mil 999 realizaron actualizaciones.

Esta cifra de inscritos representó un incremento del 29 por ciento respecto a los sufragios realizados en 2021 y se ubicó en el tercer porcentaje más alto de los cinco últimos comicios, de acuerdo a la fuente.

Los electores, como parte de ese proceso, tuvieron hasta el 14 de mayo para subsanar los errores de no aparecer en el registro o estar incluidos en un centro de votación equivocado.

La PUD responsabilizó al Gobierno, además, de no permitir que Machado participara en las elecciones presidenciales, cuando se sabía que estaba inhabilitada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una serie de delitos, mediante la resolución n.º 01-00-000398 del 13 de julio de 2015.

Vale recordar que, como parte de los acuerdos, las autoridades permitieron a inicios del 2024 la revisión ante el TSJ de 10 personas inhabilitadas, de los cuales a cinco les fue levantada la sanción, y a otros dos, María Corina y Enrique Capriles, les fue ratificada la sentencia que les impide ejercer funciones públicas por 15 años.

Entre las acusaciones que pesan sobre la aún aspirante a presidenta, el máximo órgano judicial mencionó que la dirigente del partido Vente Venezuela es partícipe de la “trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó”, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana.

También el “despojo descarado” de las empresas y riquezas del pueblo en el extranjero, por un valor aproximado de 34 mil millones de dólares.

Apuntó el TSJ que Machado incumplió disposiciones establecidas en la Constitución, al aceptar en marzo de 2014 la acreditación como representante alterna de la delegación de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que le hizo perder su investidura como diputada a la Asamblea Nacional.

Cada cual saque sus propias conclusiones

El Gobierno venezolano, el 17 de abril pasado, presentó pruebas del cumplimiento irrestricto de los acuerdos suscritos con Estados Unidos y la PUD mediante declaraciones del jefe de la Comisión negociadora, Jorge Rodríguez.

En diálogo con la prensa, el también presidente del Parlamento explicó cada punto de lo rubricado y puso en evidencia quien cumplió o no con lo pactado.

Rodríguez indicó que el 7 de mayo de 2023, a instancias de la Casa Blanca, mediante Qatar, iniciaron los primeros contactos con el fin de generar puentes para establecer conversaciones en materia política, diplomática y migratoria, encuentro en el que participaron altas autoridades del gobierno estadounidense.

Entre ellos, mencionó al delegado especial de la Agencia de Seguridad Nacional Juan González; Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, otros funcionarios del Departamento de Estado, de la Agencia de Seguridad y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Detalló que el 28 de septiembre de 2023 Venezuela y Estados Unidos firmaron dos memorandos de entendimiento sobre migraciones y otro político, diplomático y de relaciones entre los gobiernos.

Venezuela sí ejecutó a cabalidad lo firmado en los documentos y aludió a los compromisos contraídos en el ámbito electoral como el requisito que repitieron “decenas de veces”, de que solo participarían quienes cumplieran con la Constitución y las leyes nacionales.

Refirió que solo con la publicación del calendario electoral y la invitación a los veedores internacionales por el Poder Electoral, el 5 de marzo de 2024, Estados Unidos debió emitir una licencia para suspender todas las sanciones contra Venezuela.

¿Quién cumplió o no con los compromisos?, preguntó, y exhortó a que cada cual saque sus propias conclusiones.