El Comité Judicial Supremo para las Elecciones en Siria fijo este domingo a las 07:00, hora local, como fecha para el inicio del silencio electoral y el cese de la propaganda de los candidatos a la Asamblea del Pueblo (Parlamento).

A través de un comunicado, explicó que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General de Elecciones de 2014, y sus instrucciones ejecutivas, la propaganda electoral se detendrá 24 horas antes de la fecha fijada para las elecciones, que tendrán lugar el día 15 de este mes”.

Por su parte, el presidente del Comité Judicial Supremo para las Elecciones, juez Jihad Murad, recordó que durante este tiempo los medios de comunicación se limita a fomentar la participación en el proceso de votación.

Según consideró, estos comicios son “un importante derecho, y se respetaron los plazos legales y constitucionales para su celebración a tiempo, a pesar de los intentos de algunas organizaciones terroristas y milicias separatistas de impedir a los ciudadanos ejercer su derecho electoral”.

Al respecto, agregó que las subcomisiones judiciales en las gobernaciones cumplieron con su tarea de identificar ocho mil 151 colegios electorales siete días antes de las elecciones.

Los sitios determinados, apuntó, fueron cuidadosamente estudiados para que los votantes puedan acceder de forma rápida y sencilla.

En cuanto al equipamiento logístico, el juez Murad confirmó que el Ministerio del Interior aseguró todos los requisitos para el proceso electoral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Elecciones Generales.

También subrayó que el Comité Supremo no será indulgente a la hora de afrontar algún defecto durante el desarrollo del proceso, y las disposiciones de la Ley Electoral se aplicarán a los delitos electorales, cuya pena puede alcanzar penas de prisión de hasta tres años.

De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Elecciones Generales, el juez Jihad Murad indicó que todos los miembros de los comités de los centros electorales de las gobernaciones prestaron juramento legal y fueron nombrados por los gobernadores.