Compañía cementera de Francia pagó millones a grupo terrorista Daesh
El acuerdo entre Lafarge y los cabecillas de la agrupación cubría su protección en el norte levantino y un trato especial como aliado estratégico, con la aprobación de fuentes de materias primas y un trato hostil hacia la competencia para proteger los intereses de la mayor productora de cemento del mundo.
La empresa Lafarge, la mayor productora de cemento de Francia y el mundo, pagó millones de dólares al grupo terrorista Daesh, para mantener las labores de su filial en Siria, abierta poco antes de la guerra en en ese país.
Según el periódico The Guardian, el “acuerdo oscuro” entre la compañía francesa y los cabecillas del grupo cubría su protección y un trato especial como aliado estratégico, en tanto le compraban materias primas a los vendedores aprobados por Daesh.
Además le suministraban cemento a la organización y le pagaban para apretar el cerco sobre los competidores, sobre todo las importaciones de cemento que cruzan la frontera desde Turquía, argumentó el diario británico.
El diario destacó cómo la dirección de la filial siria era plenamente consciente de lo que hacía, pero se esforzó por ocultarlo, como prueba un correo del director general en Siria, Bruno Pecheux, a un intermediario, donde insistía en mantener el nombre de la empresa lejos de los medios de comunicación.
Los permisos de circulación emitidos por Daesh para camiones, y la frase “fábrica de cemento” eran suficiente, enfatizó en el mensaje filtrado.
Esta fábrica ubicada en Jalabiya, al norte de Siria, es una de las mil 600 instalaciones de la compañía en 61 países, y decenas de correos electrónicos y documentos internos demuestran que las oficinas en París conocían los manejos de aquella y su alianza con el terrorismo.
Sobre la base de tales pruebas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Lafarge (fusionada con el gigante suizo Holcim en 2015), y le impuso una multa de 778 millones de dólares por este "crimen asombroso".
A raíz de esta demanda, un grupo de más de 800 ciudadanos yazidíes presentó también un pleito en Estados Unidos contra la empresa, por ayudar a los responsables de numerosos secuestros y violaciones a miembros de esta minoría religiosa, en el norte de Irak.
Tras ellos se sumaron otras víctimas del terrorismo de Daesh, como periodistas, soldados y trabajadores humanitarios estadounidenses.
De acuerdo con un abogado de la compañía citado por The Guardian, estas demandas son manejadas como casos civiles, no como crímenes, y aún si las perdieran lo resolverán con el pago de una "cantidad razonable" por daños y perjuicios, una severa reprimenda del tribunal y nada más.
El rotativo reflexionó sobre ese halo inalcanzable de las empresas multinacionales cuando se vinculan a ejecutores de crímenes de guerra, en muchos casos porque actúan sin dejar evidencias directas.
Lafarge confió en su capacidad de ocultar sus huellas, y pasaba dinero a través de 54 cuentas bancarias, para dificultar el seguimiento de las transacciones, y cerraba contratos en términos vagos con otras empresas como “consultoría ambiental”, y así canalizaba fondos de Daesh hacia ellos.
Uno de los ejecutivos de la compañía reconoció al periódico que el gobierno francés también estaba al tanto de las maniobras de Lafarge, y lo permitía para mantener su presencia en Siria en ese momento.
El director de seguridad de Lafarge en París, Jean-Claude Viard, ex soldado de las fuerzas especiales francesas, se reunió con los servicios de inteligencia del país europeo al menos 33 veces entre 2012 y 2014, develó el medio francés Libération.
Aunque el jefe de operaciones de la empresa insiste en que el Ministerio de Asuntos Exteriores alentó a la empresa a permanecer en Siria "para mantener la bandera francesa en alto", el exministro del ramo, Laurent Fabius, alega no recordar el asunto con claridad.