Venezuela afianza democracia directa con segunda Consulta Popular 2025
La Consulta Popular en Venezuela permite a la ciudadanía identificar sus principales necesidades, dirigir y supervisar la ejecución de obras.
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La Consulta Popular en Venezuela incluye la participación de un total de cinco mil 338 circuitos comunales y 47 mil 214 consejos comunales.
La realización de la segunda Consulta Popular Nacional de 2025 en Venezuela profundizó el proceso de empoderamiento comunitario y validó la apuesta del gobierno por la democracia directa.
Desde primeras horas de este domingo, el despliegue del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la activación del Plan República, con más de 140 mil efectivos, garantizaron la apertura de siete mil 438 mesas electorales en cinco mil 718 centros distribuidos en el país.
El evento convocó a más de cinco mil 338 circuitos comunales y 47 mil 214 consejos comunales, una estructura de movilización social y con capacidad organizativa en todo el territorio nacional.
Los venezolanos participaron de manera activa para seleccionar entre 36 mil proyectos postulados por sus comunidades, y decidieron así la asignación de recursos del presupuesto nacional.
Presupuesto nacional orientado al Poder Popular
Uno de los elementos más significativos de la jornada reside en la decisión del Ejecutivo de destinar el 70 por ciento del presupuesto nacional a proyectos gestionados por el Poder Popular, según datos ofrecidos por el ministro de Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado.
Esa política permite a la ciudadanía identificar sus principales necesidades, así como dirigir y supervisar la ejecución de obras en sectores como agua, salud, vialidad, vivienda y educación.
Pese a las limitaciones del bloqueo internacional, Venezuela invirtió 148 millones de dólares en comunidades durante un año, consolidó 14 mil proyectos priorizados y ejecutados por la base popular.
Esta cifra contrasta con los aportes de gobernaciones y alcaldías, las cuales sumaron 28 mil lones 750 mil dólares al mismo periodo.
Consolidación y proyección de la democracia participativa
La consulta, prevista a realizarse de manera trimestral desde 2025, constituye la cuarta elección de este tipo en apenas un año, y evidencia la institucionalización de un mecanismo de democracia participativa.
El respaldo y la alta movilización demuestran el fortalecimiento de una cultura política, la cual privilegia la deliberación colectiva y la corresponsabilidad en la gestión pública.
La experiencia acumulada desde la primera consulta de abril de 2024 está reflejada en la eficiencia organizativa y la concreción de resultados: dos consultas de 2024 materializaron casi tres mil proyectos de agua, cerca de dos mil de vialidad y más de mil 700 en vivienda, además de significativas inversiones en infraestructura educativa y de salud.
Así va el proceso de votación de la cuarta consulta popular en Venezuela donde las comunidades eligen sus proyectos de desarrollo.
— Madelein Garcia (@madeleintlSUR) April 27, 2025
Inicio a las 8 am y es un nueva fiesta electoral.
Desde abril del 2024 se han elegido más de 14 mil proyectos y se han financiado con 148… pic.twitter.com/QQKfAT86gJ
Fortalezas, retos y futuro del modelo
El proceso evidencia una transformación en la relación entre el Estado y la sociedad, orienta la gestión pública hacia la base y disminuye el tradicional centralismo.
Además, promueve la transparencia y el control social sobre los recursos, aunque enfrenta desafíos de gobernabilidad, eficiencia y sostenibilidad en el tiempo, en especial bajo sanciones internacionales.
La institucionalización de consultas periódicas podría profundizar la cultura democrática y fortalecer la legitimidad del sistema político venezolano, pero requiere mejorar la rendición de cuentas, la articulación entre diferentes niveles de gobierno y el acceso equitativo a la información y los recursos para todas las comunidades.
En síntesis, la segunda Consulta Popular Nacional de 2025 refuerza el protagonismo del pueblo venezolano, afianza el modelo de democracia directa y sienta las bases para una mayor autonomía y justicia social en la toma de decisiones públicas, en un contexto de resistencia y búsqueda de soberanía.