Tribunal rechaza demanda de Sudán contra Emiratos Árabes Unidos
La Corte Internacional de Justicia desestimó la acusación de Sudán contra Emiratos Árabes Unidos por falta de jurisdicción.
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Sudán expresó su decepción ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) desestimó la demanda presentada por Sudán contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la cual acusó al país del golfo de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio al suministrar armas y apoyo financiero a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Darfur.
Según el tribunal, la solicitud carece de jurisdicción para examinar el caso debido a una reserva presentada por EAU en 2005 al artículo IX de la Convención, que limita la competencia del tribunal en disputas relacionadas con la interpretación y aplicación del tratado.
Reacciones de las partes involucradas
EAU celebró la decisión como una "victoria jurídica", y consideró las acusaciones de Sudán escasa de fundamento y parte de una campaña de desinformación para desviar la atención de sus propias responsabilidades en el conflicto.
Por su parte, Sudán expresó su decepción ante el fallo, en tanto podría sentar un precedente preocupante al permitir a los Estados eludir responsabilidades internacionales mediante reservas amplias a tratados fundamentales.
Contexto del conflicto en Darfur
Desde el inicio de la guerra civil en Sudán en abril de 2023, las FAR fueron acusadas de cometer atrocidades contra la etnia masalit en Darfur Occidental, incluido asesinatos masivos, limpieza étnica y otros crímenes de guerra.
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Las FAR han sido acusadas de cometer atrocidades contra la etnia masalit en Darfur Occidental.
Informes de organizaciones internacionales y medios de comunicación documentaron estas violaciones, y algunos expertos calificaron las acciones de las FAR como genocidio.
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Implicaciones del fallo
La decisión de la CIJ resaltó las limitaciones del sistema jurídico internacional cuando los Estados emiten reservas a tratados clave, como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales expresaron preocupación de que tales reservas debiliten la capacidad de la comunidad internacional para responsabilizar a los perpetradores de crímenes atroces y proteger a las víctimas.
