EE. UU. envió a prisión en El Salvador a migrantes venezolanos legales
Al menos 50 tenían permisos válidos de ingreso al país, señaló el informe del Centro Cato.
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Familiares de migrantes presos en El Salvador protestan frente a la misión de la ONU en Caracas, Venezuela.
Estados Unidos trasladó a prisión en El Salvador a 50 migrantes venezolanos ingresados de manera legal al país.
Según el informe del Centro Cato, con sede en Washington, la investigación contradice las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró solo la deportación de personas “no documentadas” al centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en territorio salvadoreño, conocido como CECOT.
Al menos 90 casos fueron analizados con datos migratorios verificables, y más de la mitad de los afectados afirmaron haber entrado al país por un paso fronterizo autorizado, con permiso oficial de ingreso otorgado por las autoridades estadounidenses, precisó The Guardian.
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Deportación irregular bajo apariencia legal
El estudio cuestiona la legalidad de las deportaciones, ya que los migrantes fueron enviados a un centro penitenciario extranjero pese a contar con estatus migratorio regular.
La mayoría accedió a territorio de Estados Unidos mediante programas como el parole humanitario o solicitudes de refugio formalizadas, en algunos casos bajo disposiciones firmadas durante el mandato de Joe Biden.
Varios de los migrantes detenidos estaban amparados bajo esas modalidades cuando fueron enviados al mencionado centro de reclusión, el cual alberga a miles de presuntos pandilleros centroamericanos.
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Contradicciones con discurso oficial
De acuerdo con Cato, el reporte puso en duda la narrativa de la administración Trump sobre la deportación masiva a El Salvador.
Tampoco aclaró bajo qué fundamentos fue realizada la detención y traslado de los migrantes, ni si existió proceso judicial alguno.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron de estas medidas, las cuales violan normas internacionales sobre protección a refugiados y migrantes.
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El CECOT, ubicado en El Salvador, fue construido por el gobierno de Nayib Bukele como parte de una estrategia de “mano dura” contra el crimen organizado.
Durante los últimos años, Washington fue criticado por utilizar acuerdos bilaterales para trasladar migrantes sin garantías procesales a terceros países.
La relatoría forma parte de una larga serie de denuncias sobre la externalización de políticas migratorias estadounidenses, en particular contra ciudadanos venezolanos, cuya diáspora supera los siete millones de personas desplazadas.