Un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció que el gobierno de Estados Unidos empleó sitios web proisraelíes para identificar y perseguir a estudiantes internacionales que expresaron apoyo a la causa palestina, con el fin de evaluar su posible deportación.

El subdirector de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional dentro del ICE, Peter Hatch, admitió esa realidad durante una audiencia en un tribunal federal en Massachusetts.

La declaración se enmarca en una demanda colectiva contra la administración de Donald Trump por supuestas represalias sistemáticas contra extranjeros críticos de “Israel”.

Vínculos con Canary Mission y grupos anónimos

Hatch aseguró que su oficina utilizó información publicada en Canary Mission, una plataforma secreta que difama a defensores de los derechos palestinos, así como otra base de datos mantenida por un grupo llamado “Betar”, de tendencia proisraelí.

Ambos sitios se mantiene en el anonimato, sin revelar los criterios utilizados para construir sus listas negras.

La Dra. Rasha Alawieh, ciudadana libanesa y profesora adjunta de la facultad de medicina de la Universidad de Brown, fue deportada a pesar de la orden de un juez federal que impedía su expulsión inmediata de Estados Unidos, según documentos judiciales.

La deportación de la Dra.… pic.twitter.com/1cse3UTdpX

— Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) March 17, 2025

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El funcionario sostuvo que, en marzo pasado, la oficina recibió órdenes “sorpresivas” para acelerar investigaciones sobre más de cinco mil personas señaladas en estas plataformas, lo que motivó la creación de una fuerza especial para recopilar y analizar los perfiles.

A pesar de no haber vínculo formal con Canary Mission, Hatch admitió que se usaron sus archivos como parte central de las evaluaciones.

Entre 100 y 200 informes fueron enviados al Departamento de Estado, responsable de determinar si debía iniciar procedimientos de detención o expulsión de los afectados.

Represión sistemática del discurso político

De acuerdo con el New York Times, esta es la primera vez que un funcionario del gobierno estadounidense admite públicamente la colaboración indirecta con grupos ocultos para perseguir a estudiantes que manifiestan posturas críticas hacia la ocupación israelí.

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Los abogados de las asociaciones académicas que impulsan la demanda alegan que estas prácticas formaban parte de una política oficial durante el gobierno de Trump, orientada a silenciar el activismo propalestino dentro de universidades estadounidenses y restringir la libertad de expresión entre extranjeros.

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Hatch destacó que la operación requirió recursos extraordinarios: “Ninguna unidad convencional podría manejar esta carga”. Aunque los nombres de los estudiantes afectados no se hicieron públicos, se confirmó que entre los objetivos había titulares de visas estudiantiles y de residencia permanente.

La denuncia judicial y el testimonio de Hatch se producen en medio de crecientes alertas sobre la criminalización del movimiento estudiantil propalestino en EE. UU., especialmente tras el estallido del conflicto en Gaza en octubre de 2023.

Diversas universidades enfrentan críticas por cooperar con prácticas de vigilancia y sanción contra manifestantes, en medio de un clima de presión política y censura sistemática.