Brasil solicitó a Meta explicaciones, con plazo hasta este lunes, sobre los cambios en su política de "fact-checking" y "fake news", acusados de perjudiciales para grupos vulnerables.

Según informó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su gabinete participó en una reunión para "discutir los recientes anuncios", tras el abandono de las políticas de verificación en favor de una estrategia basada en notas de comunidad.

Además, anunció la creación de un grupo de trabajo del gobierno federal, en consulta con el Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad civil, para monitorear el desarrollo de estas medidas.

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"Todas las empresas que operan en el país deben respetar la legislación y jurisdicción brasileña", enfatizó.

Junto a esto, expresó su preocupación por el manto de impunidad que beneficia a quienes utilizan las plataformas para cometer delitos sin enfrentar sanciones.

Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas a solicitud del Observatorio de la Democracia reveló que siete de cada diez ciudadanos apoyan la posible regulación de las redes sociales.

A finales del año pasado, la red social X incumplió la legislación local, lo que llevó al Supremo Tribunal Federal a bloquear el servicio y suspender sus actividades en el país.