En Quito, ante la cercanía de cientos de manifestantes y la llegada de representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, para sumarse al paro, fue evacuado el Palacio de Carondelet, donde radica la presidencia de la república, que permanece bajo fuerte custodia de las Fuerzas Armadas.

 

El Estado de Excepción, declarado por el mandatario por 60 días y limitado a 30 por la Corte Constitucional, cuando los movilizados insisten en permanecer en las calles hasta la derogación de la disposición de liberar los precios de los combustibles, que ya provocó alzas en las tarifas del transporte público y en alimentos de la canasta básica.

Las protestas las marcan una represión policial, denunciada en las redes sociales por organizaciones y personas allegadas a las víctimas.

Por su parte, dirigentes sociales indican que los levantamientos responden al rechazo al paquetazo impuesto, a su juicio, para estar a tono con las recetas habituales utilizadas por el Fondo Monetario Internacional, con el cual el ejecutivo negoció un préstamo de más de cuatro mil millones de dólares este año.

La tensa situación ha afectado sectores como el turismo, la educación con la suspensión de clases desde el jueves último, la producción petrolera y de manera general la economía, ya resentida, por la inestabilidad en el funcionamiento de comercios.

En ese contexto, las autoridades dan cuenta de más de 400 detenidos, pero no se han publicado cifras oficiales de heridos o fallecidos por las protestas.

 

En contraste, en las redes sociales circulan videos donde se muestran incidentes entre manifestantes y efectivos policiales, con saldo de civiles muertos.

Las seis jornadas de movilizaciones son el preámbulo de una gran huelga nacional convocada mañana.

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