A medida que pasan los días, como en una caja de pandora, se conocen cada vez más detalles de la intentona de Golpe fracasada que planificaron el entorno más cercano del ex Presidente Bolsonaro. Con la información obtenida desde los archivos del celular incautado a su ex ayudante de órdenes, Teniente-Coronel Mauro Cid, se están conociendo los detalles más escabrosos y bizarros de una conspiración en varias etapas que culminaría el día 8 de enero con la instauración de un Consejo Militar destinado a restablecer el “orden y la tranquilidad” en Brasilia y las principales ciudades del país.

Con el sugerente título de “Las Fuerzas Armadas como poder moderador”, uno de estos documentos expone los caminos a seguir y las medidas que serían tomadas por los golpistas luego de la derrota en las urnas de Bolsonaro, con el propósito de trazar una hoja de ruta que les permitiera implementar y consolidar su embestida contra el Estado Democrático de Derecho y la Constitución.

En algunos trechos de los mensajes enviados desde el celular de Mauro Cid se puede ver que existe un conjunto de instrucciones organizadas “paso a paso” para proceder a la ejecución de este Golpe, entre las cuales se pueden destacar la recomendación de que Bolsonaro debería encaminar las supuestas inconstitucionalidades practicadas por el Poder Judicial a los Comandantes de las Fuerzas Armadas, para que ellos seguidamente nombrasen un interventor investido de poderes absolutos.

O sea, de acuerdo con el guion encontrado en el celular, ante la presencia de un fraude electoral y de la consiguiente movilización popular contra los resultados del sufragio, las Fuerzas Armadas intervendrían el Supremo Tribunal Electoral (TSE) y destituirían a todos sus integrantes, especialmente a su presidente, el Ministro Alexandre de Morais, la ministra Carmen Lúcia y Ricardo Lewandowski, para nombrar a dos de los nuevos ministros nombrados por Bolsonaro durante su mandato.

De esta forma, serían convocados los ministros Nunes Marques, André Mendonca y Dias Toffolli (nombrado en un anterior mandato de Lula), para substituir a los anteriormente mencionados. En otra de sus recomendaciones, el documento señala que “siendo reconocida la actuación en desacuerdo con la Constitución de la Corte Electoral, deberá el interventor fijar plazo para la realización de nuevas elecciones, que serán coordinadas por el TSE en su nueva composición”. Es decir, en el delirante plan diseñado por los conspiradores, los nuevos ministros darían su aval para anular las elecciones y organizarían el nuevo pleito electoral, impidiendo de esta forma que el candidato vencedor, Lula da Silva, asumiera la Presidencia.

El fallido golpe no se llegó a concretizar debido a la incompetencia de sus instigadores. Sin embargo, ello no le suministra atenuantes a las responsabilidades de sus mentores y posibles ejecutores. Es decir, independientemente de la incapacidad y estulticia de los golpistas para llevar a cabo con éxito sus objetivos, llama la atención y también es motivo de alerta que muchos de los involucrados en esta trama grotesca corresponde a miembros de las Fuerzas Armadas en plena actividad.

Desde el triunfo de Lula en la segunda vuelta a fines de octubre del año pasado, importantes círculos militares se mantuvieron en la expectativa para consumar una rebelión elaborada en las filas castrenses, sumándose a las demandas forjadas desde asociaciones y partidos de la extrema derecha, productores agrícolas y ganaderos, madereros, ocupadores de tierras indígenas (grileiros), empresas mineras y grupos extractivistas (garimpeiros), pescadores ilegales, pastores pentecostales, organizaciones criminales de milicianos, clubes de caza y tiro, etc.

Las revelaciones que se han ido recopilando recientemente, confirman el hecho de que existían movimientos concretos por parte de muchos miembros de las Fuerzas Armadas tanto a nivel de Comando como entre los puestos medios para impedir que Lula asumiera la presidencia del país el 1 de enero de este año. Existía una coordinación entre oficiales a cargo de tropas en diversas unidades del país que, ante una orden del ex presidente, ellos movilizarían inmediatamente a sus contingentes para intervenir y ocupar las principales instalaciones gubernamentales e institucionales del país, partiendo por las sedes de los Tres Poderes en Brasilia: Palacio do Planalto, Congreso Nacional y Corte Suprema.

Inclusive, también se sabe por la información filtrada desde el celular de Mauro Cid, que el también teniente-coronel Marcelino Haddad había enviado al ayudante de órdenes de Bolsonaro tres documentos que fueron utilizados para redactar el plan que anularía las elecciones, destituiría a los ministros del TSE y decretaría a seguir el Estado de Sitio en toda la Nación. En síntesis, las pruebas de la colaboración de militares activos y en la reserva son cada vez más contundentes y funcionarios de la Policía Federal han señalado que las evidencias recabadas hasta ahora son apenas una parte de todo el arsenal de informaciones que eran intercambiadas entre los golpistas. Por esta misma razón es urgente imponer las sanciones respectivas a los participantes de la conjura como una forma de marcar precedentes que inhiban la aparición de futuras intentonas sediciosas.

Que tan poco faltaba para que se consumase esta escalada golpista es parte de una especulación que puede extenderse por mucho tiempo. Ahora se sabe que el ex capitán se recusó a dar la ordenanza para activar el Golpe de Estado pues desconfiaba del apoyo que tendría por parte del Alto Comando del Ejército. Lo que no se conoce a ciencia cierta es la correlación de fuerzas que existe actualmente dentro de la estructura de mando del Ejército brasileño, ya que las intrigas y pugnas dentro de las Fuerzas Armadas son una verdadera “caja negra” y es muy difícil, hasta este momento, determinar con exactitud cuántos oficiales se encuentran en el campo legalista y cuantos oficiales forman parte del ala golpista.

Por otra parte, como ya es de público conocimiento, si esta primera propuesta de intervención militar fracasaba, la idea de los golpistas consistía en impedir posteriormente que el Presidente Lula ya asumido pudiera continuar con su gobierno. Para ello se planificaron las movilizaciones e invasiones del 8 de enero que instalarían una situación de caos e ingobernabilidad que le permitiera a las Fuerzas Armadas hacer uso del artículo 142 de la Constitución que las autorizaría como un “Poder Moderador” para intervenir en el caso de producirse una situación de “desorden social” y de riesgo para las instituciones de la República.

Esta semana el Supremo Tribunal Federal puede determinar la inelegibilidad de Bolsonaro por los próximos ocho años, por uno entre muchos otros delitos cometidos durante su mandato. En este caso, la acusación que se encuentra siendo juzgada es por poner en duda la transparencia y licitud del sufragio electrónico en una reunión oficial convocada por el gobernante, ante decenas de embajadores y la comunidad internacional. Según el Ministerio Publico, en aquella ocasión el ex presidente habría cometido abuso de poder político, desvío de finalidad y uso indebido de los medios de comunicación.

Si bien, esta su condenación es una respuesta esperada y deseable para el conjunto de los demócratas brasileños, los riesgos de una nueva aventura golpista estimulada por la extrema derecha y las diversas organizaciones de inspiración fascista seguirá pendiendo como una sombra siniestra sobre la sociedad. Por lo mismo, es urgente redoblar los esfuerzos para sancionar efectivamente a sus instigadores y acabar definitivamente con este virus mutante que viene asolando al pueblo brasileño y destruyendo la convivencia pacífica, pluralista y tolerante entre sus ciudadanos.