La insistencia en la sanción de la ley de actualización de jubilaciones no consiguió imponerse. Para eso el oficialismo se ocupó de dar vuelta el voto de cinco diputados radicales (derecha), a cambio de favores presentes o futuros.

Además contó con la abstención o el apoyo de bloques que responden a partidos provinciales o alianzas locales. Algunos de quienes en su momento votaron a favor de la ley ahora lo hicieron en sentido de respaldo al veto. No hay ideas, ni principios ni coherencia. Y ni siquiera interesa disimular esas ausencias.

Se impone así el veto presidencial, la voluntad suprema del presidente por encima de lo debatido y aprobado por cientos de legisladores. Y se confirma que por vía de decretos de necesidad y urgencia (que nunca resultan rechazados por el procedimiento dificultoso para hacerlo); delegaciones legislativas difíciles de controlar y por último el veto de las sanciones legislativas, el sistema argentino excede el presidencialismo para pasar a un predominio casi total del poder ejecutivo.

Los resultados del veto

Allí quedan las jubiladas y jubilados privados de una escasa y parcial recomposición de los haberes jubilatorios que el Congreso había dispuesto. Asimismo cae el establecimiento de un mínimo para las prestaciones jubilatorias levemente por encima de la canasta básica, la que mide el nivel de indigencia.

Además queda sin efecto un reajuste anual que permitía que si el índice salarial supera al de precios al consumidor una parte del incremento del primero contribuya a incrementar el importe de las jubilaciones.

La conclusión es que quienes cobran jubilación quedan desamparados. Los que tienen el haber mínimo, un gran porcentaje del total, perciben unos 230 mil pesos (unos 200 dólares), “mejorados” por un bono de 70 mil pesos que el gobierno a discreción otorga o no, por lo que podría quedar sin efecto en cualquier momento. El presidente incluso ha alardeado de que puede dejar de pagarlo si el sostenimiento del “déficit cero” así lo exige.

Otra vez palos y gases

La represión de los manifestantes ya se ha vuelto rutina para las fuerzas mal llamadas de “seguridad”. Lo han hecho los dos miércoles anteriores y lo repitieron esta vez. Decenas de heridos y muchos más movilizados con los ojos llorosos por los gases fue el resultado. Ya no se trata sólo del famoso “protocolo”. Los uniformados cargan para despejar la plaza, aunque no haya interrupción del tránsito.

Los concurrentes a la protesta fueron muchos más que en las semanas anteriores. Eso no obstó para la reiteración del despliegue represivo.

Entre los objetivos de los gases y las golpizas pueden mencionarse dos: uno es buscar la aprobación del sector de la población que es reacio a cualquier forma de acción colectiva y quiere ver las calles “limpias”.

A ellos les resulta grato que nadie pueda ocupar el espacio público, que debe ser sólo para la “gente de bien” que va de la casa al trabajo o a la confitería y a la que no se le ocurre tomar parte de las protestas colectivas.

No hay que subestimar a ese sector. Son millones de personas dispuestas a aplaudir desde el desalojo de un indigente que duerme en un cajero bancario hasta el desplazamiento por la fuerza de cualquier manifestación, así sea multitudinaria.

La otra finalidad que se percibe en los actos violentos de policías, gendarmes y prefectos afecta a los propios manifestantes. Infundir el terror entre ellos es el propósito. Expandir la idea de que van a ser “castigados” por salir a la calle. Pueden terminar golpeados, gaseados o presos.

Contra cualquier perturbación el “orden” se impondrá a palos. Todo para inducir a que los descontentos se queden en su casa y sólo ocupen las calles los núcleos más militantes, exhibidos como minoritarios y aislados.

La conflictividad social es de tranco largo. El de jubilados y jubiladas es un capítulo más de una confrontación con las políticas agresivas del oficialismo, que seguirá en los próximos meses. Ahora se discutió en el senado un proyecto de ley de financiamiento universitario y fue aprobado. Y es factible que en ese caso el presidente recurra una vez más al veto.

El pulgar presidencial hacia abajo volvería a pesar más que cualquier iniciativa legislativa.

La decadencia democrática

Hace unos cuantos años el autor de estas líneas escribió un artículo acerca de Argentina como “una democracia que se consolida degradándose”. Restan pocas dudas de que el declive del sistema constitucional ha continuado hasta su punto más bajo.

Y que esa decadencia ya no consolida nada, sino que conduce a la descomposición de la legitimidad asentada en la representación política y el pluralismo.

Habrá que construir un sistema renovado, con principios de legitimidad y modos de funcionamiento novedosos. Las instituciones actuales gozan de muy mala salud, a partir de su descarado respaldo a los intereses de las minorías poderosas. Y de su agresión desembozada contra las mayorías populares.