El nombre geográfico “Golfo de América”, en reemplazo de Golfo de México, es un hecho consumado en Estados Unidos. Así lo ha informado el Departamento del Interior, bajo el sustento de que este cuerpo de agua de mil 600 millones de kilómetros cuadrados es “piedra angular del crecimiento de la nación”.¹

El nombre “Golfo de América” ya se ha empleado —por vez primera— en el estado de la Florida, inserto en una nota de alerta temprana por el impacto de un sistema meteorológico. Esto sucedió el martes 21 de enero de 2025 en la orden ejecutiva 52-13 del gobernador Ron de Santis, relacionada con “un área de baja presión que se mueve a través del Golfo, en interacción con una masa de aire Ártico que traerá un clima invernal generalizado e impactante al norte de Florida a partir del martes 21 de enero de 2025”.² La orden de alerta se relacionaba con el sistema de invierno que en fecha reciente causó grandes nevadas, aguanieve y lluvia helada, asociadas a una caída brusca de la temperatura.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de prever que se introduzca el cambio en la información operativa y/o pública de las agencias y oficinas federales, entre ellas las que emiten información de interés meteorológico, climatológico y ambiental fuera de las fronteras norteamericanas, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA); el Servicio Meteorológico Nacional (NWS); el Centro Nacional de Huracanes (NHC); y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

En relación con ello, intuimos que habrá otras órdenes para que los nuevos nombres sean de uso obligatorio en los programas de la enseñanza primaria, media y superior en los Estados Unidos, lo que conllevará a reemplazar los anteriores en los mapas oficiales, en las cartas hidrográficas y en los atlas que en lo adelante se redacten e impriman. Esa última decisión tendrá un impacto directo en niños y jóvenes que los verán desde ahora en los libros de texto, en cualquier formato para la docencia, con la consiguiente influencia en las nuevas generaciones dentro y fuera de los Estados Unidos, cual si se las aprestara para una reconfiguración de las fronteras a mediano y largo plazo en correspondencia con los objetivos geopolíticos estadounidenses.

Nada evitará, sin embargo, el rechazo a renombrar el golfo de México. Son evidentes las razones culturales, políticas y diplomáticas que afectan en primer lugar a México, nación que posee extensos litorales en esa cuenca y cuyas aguas territoriales quedarán implicadas en la decisión. Si buscamos un antecedente histórico, podríamos remitirnos a las cartografías del Golfo en los siglos XVIII y XIX, cuando esta región del Atlántico se inscribía en muchos mapas como “Seno Mexicano”.

A pesar de todo, los cambios toponímicos unilaterales adoptados por la Administración del presidente Donald J. Trump no tendrán efecto vinculante en otros países, y solo serán de aplicación en Estados Unidos. Previsiblemente, ningún nomenclator geográfico fuera de ese país aceptará a priori cambio alguno a capricho, a la vista de afrontar consecuencias legales. Sin embargo, surge en este punto una nueva inquietud: ¿intentará el Gobierno de aquel país cambiar en el futuro otros topónimos en virtud de “la grandeza y el crecimiento de la (su) Nación”?³ El futuro lo dirá.

Por lo pronto, para extender estos y otros cambios a escala internacional se necesitará la validación de organismos como el Grupo de Expertos en Nombres Geográficos de las Naciones Unidas (UNGEGN), cuya misión es regular este tipo de asuntos a nivel global. ¿Qué posición tomará la ONU respecto al “Golfo de América”? Tal vez sea objeto de análisis en su Comisión de Nombres Geográficos, aunque sus determinaciones no tienen carácter vinculante ni autoridad para interferir en diferendos internacionales donde se afecte la soberanía de un país. Algo similar puede ocurrir con la Organización Marítima Internacional, cuyas funciones abarcan la seguridad y protección de la navegación y prevenir la contaminación de las aguas marinas por la actividad de los buques.

Hay otro cambio en el comunicado emitido por el Departamento del Interior, consistente en devolver el nombre anterior al monte Denali (antes McKinley), algo que, excluyendo sus implicaciones éticas e históricas, no trasciende al plano internacional por tratarse de un topónimo preexistente en el territorio bajo la soberanía de Estados Unidos. Muy diferente es el caso del “Golfo de América”, vinculado a una vasta región geográfica cuyos litorales comparten tres países, con aguas internacionales abiertas el libre tránsito de la navegación aérea y marítima regulada por tratados internacionales, como la delimitación de 200 millas para la Zona Económica Exclusiva en el polígono oriental del golfo de México (Decreto-Ley 266/2009),⁴ que implica tanto a Cuba y a México como a Estados Unidos.

En Estados Unidos, las normativas sobre nombres geográficos se hallan bajo los arbitrios de la Junta o Buró de Nombres Geográficos (U. S. Board on Geographic Names), agencia federal creada en 1890 y reconfigurada en 1947 “para mantener el uso uniforme de los nombres geográficos en todo el gobierno federal”.⁵ Finalmente, y en mismo plano de soberanía, la normalización de los nombres geográficos en la República de Cuba es competencia de la Comisión Nacional de Nombres Geográficos, creada en 1980 y subordinada al Consejo de Ministros.

Sin duda alguna, estos y otros cambios de nombres que se pretende imponer conllevarán ulteriores análisis y debates.