La campaña de terror, ataque físico y crueldad videograbada de Donald Trump contra inmigrantes ha logrado frenar el flujo de indocumentados en la frontera con México, pero defensores y cada vez más jueces están contrarrestando sus esfuerzos de deportaciones masivas por violar las leyes y el debido proceso, y han emprendido acciones locales para condenar la ofensiva contra las comunidades más vulnerables.

Esta semana la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, solicitó al Congreso fondos adicionales con la finalidad de aumentar en más del doble el número de celdas para inmigrantes, y la Casa Blanca proclama que el gobierno ha deportado a más de 139 mil indocumentados en los primeros tres meses del año. Pero expertos en migración dicen que el número total es mucho menor, entre 80 mil a 90 mil, con unos 50 mil expulsados vía aérea y otros 39 mil enviados a México.

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Mientras el gobierno no ha divulgado datos oficiales de manera integral, con base en las notificaciones en el Registro Federal e información selectiva compartida con medios, parece estar en vías de deportar aproximadamente a medio millón de personas este año, menos de las 685 mil deportaciones registradas en el año fiscal 2024 con el presidente Joe Biden, escriben los especialistas Muzaffar Chisti y Kathleen Bush-Joseph, del Migration Policy Institute.

Desaprueban la represión 54 por ciento de estadounidenses

Como es el caso de tantas de las iniciativas de Trump en varios rubros, el Congreso ha fracasado en aportar nuevos fondos para financiar estos ambiciosos esfuerzos y como resultado en torno a sus medidas migratorias, la Casa Blanca ha dependido de fondos de emergencia y el despliegue de tropas militares. Vale señalar que aunque su política antimigrante fue central en su campaña electoral, ya no cuenta con el apoyo de una mayoría para esta; una encuesta reciente del Washington Post encontró que 54 por ciento desaprueban su represión contra los inmigrantes.

A la vez, hay más de 143 acciones y órdenes de tribunales que han frenado, por lo menos de manera temporal, varias de las medidas antimigrantes, incluido un fallo que prohíbe el uso de una ley de 1798 para justificar detenciones y deportaciones, y otros que congelan la deportación de varios individuos que el gobierno acusa de haber criticado su política cómplice con "Israel" en Gaza.

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El 15 de mayo, la Suprema Corte realizará una audiencia para escuchar argumentos del gobierno de Trump que busca anular la ciudadanía automática por nacimiento dentro de Estados Unidos a hijos de padres indocumentados.

Para nutrir el apoyo a su represión a los migrantes, ayer el Departamento de Seguridad Interna difundió otro video en el cual la secretaria Noem describe los delitos de varios criminales violentos que están siendo deportados. Esa justificación se está empleando para las dramáticas pero poco efectivas redadas y deportaciones exprés, acusando a las víctimas de pertenecer a bandas delictivas en México, Centroamérica o Venezuela, incluidos casos en los que se ha comprobado que muchos no tienen ningún historial criminal. Más aún, los inmigrantes –y sobre todo los que no tienen papeles– son menos proclives a cometer delitos violentos que los ciudadanos de este país, según datos oficiales.

Defensores de la comunidad migrante denuncian que muchos, en algunos casos la mayoría, de los detenidos en operaciones del gobierno federal son trabajadores, algunos llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Pero el gobierno, con su enorme talento para crear espectáculo, sigue realizando redadas bien publicitadas en diferentes partes del país.

Esta semana le tocó a esta capital (Washington): oficiales sin uniforme de los servicios de migración fueron reportados visitando restaurantes donde solicitaron entrevistar a trabajadores en las cocinas, parando a repartidores y mensajeros en las calles y exigiendo papeles de identidad, y fotografiados esperando en estaciones del Metro usadas por migrantes. Los estacionamientos de las grandes tiendas de materiales de construcción donde jornaleros esperan para ser contratados estaban vacíos esta semana con la noticia de que se preparaban redadas.

Varios dueños de restaurantes impidieron el ingreso a los agentes si no tenían órdenes judiciales, pero aun así los oficiales están solicitando acceso a información sobre si los empleados son legales.

Redadas en Florida y Chicago

Este tipo de operaciones ya se realizaron en Florida y Chicago, entre otras entidades, con el efecto deseado de intimidar y aterrorizar a las comunidades inmigrantes. En Massachusetts, una maestra entrevistada por La Jornada reportó que casi un tercio de los estudiantes en su aula bilingüe se esfumaron en enero poco después de la toma de posesión de Trump.

En la parte occidental del Estado de Nueva York, se reportó que agentes de inmigración ingresaron a un autobús lleno de jornaleros agrícolas que eran parte de un esfuerzo para organizar la mano de obra en esa región. Mientras, vecinos han filmado a agentes llegando a casas y departamentos en varias comunidades, algunos de ellos ingresando de manera ilegal a las viviendas o a automóviles, incluso con el uso de fuerza. Esas escenas se han repetido en varias partes del país.

No todos están intimidados

Pero aunque algunos abogados, jueces y políticos que se oponen a estas medidas antimigrantes han padecido ataques del gobierno de Trump, acusando que son protectores de criminales y enemigos del país, y algunos ahora evitan casos contra el gobierno, no todos están intimidados.

Vecinos en diversos puntos del país han obstaculizado el ingreso de agentes y documentado acciones y abusos legales de las autoridades que llegan a perseguir y detener a inmigrantes. Escuelas siguen preparándose para evitar el ingreso de autoridades migratorias sin autorización de un juez, mientras otros promueven campañas de educación sobre los derechos civiles de todo habitante del país.

El martes, el alcalde de Newark, Nueva Jersey, Ras Baraka, encabezó una protesta en las afueras de un nuevo centro de detención federal de inmigrantes y anunció que su gobierno municipal emitirá sanciones por violaciones de códigos de incendio, entre otras medidas, para aplicar las leyes locales y clausurar la instalación.

Cuando la secretaria de Seguridad Interna visitó el pueblo de Springfield, en Illinois, como parte del espectáculo televisivo que ya ha ensayado en varios lugares, incluida Nueva York, donde se sumó en camuflaje a un equipo armado de agentes –con su maquillaje intacto– y frente a la famosa prisión de El Salvador, el diputado federal mexicano-estadunidense Jesús Chuy García, denunció de inmediato la visita. “La secretaria Noem llegó a Springfield intentando intimidar, dividir y convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios. Pero en Illinois, nuestras leyes reflejan nuestros valores, no tenemos miedo; estamos organizados. Seguiremos luchando para empoderar a nuestra comunidad, educar a nuestros vecinos y unirnos contra el odio”, declaró.