El 8 de agosto el New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden ejecutiva dirigida al Pentágono, la cual autoriza el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga latinoamericanos catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

El documento representa la medida más agresiva de su administración en esta materia, al traducirse en la autorización de operaciones militares directas, tanto en el mar como en territorio extranjero, bajo la justificación de "combatir" el tráfico de drogas. Esta decisión marca una evidente escalada en la política unilateral e injerencista de Washington hacia la región.

Sobre esa noticia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que su gobierno fue informado de que se emitiría una orden contra los cárteles y que

"Estados Unidos no va a venir a México con militares. Cooperamos, colaboramos, pero no habrá una invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado".

Su aclaratoria reconoce la importancia de enfrentar el tráfico de drogas, pero establece un límite legítimo y claro, en el que toda operación debe enmarcarse en la cooperación bilateral y en los acuerdos vigentes, no en la facinerosa imposición de Washington.

Luego, este 18 de agosto  Reuters informó que aparentemente tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a las costas de Venezuela en las siguientes 36 horas: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, los cuales son buques de guerra diseñados para escenarios de confrontación estratégica más que para labores policiales.

La agencia indica que fuentes anónimas indicaron que era parte de "un operativo contra los cárteles de la droga latinoamericanos".

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Asimismo, otras agencias complementaron el cuadro señalando que más de cuatro mil infantes de marina serán desplegados en aguas del Caribe y América Latina como parte de un reposicionamiento del Comando Sur. La operación incluye un submarino de ataque nuclear y aviones de reconocimiento P8 Poseidon.

CNN agregó que a la operación se suman el portahelicópteros USS Iwo Jima, el Grupo Anfibio Listo con el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio, junto a un crucero de misiles guiados.

En esa nota altos funcionarios del Pentágono precisaron que, por ahora, el aumento de tropas es "principalmente una demostración de fuerza, cuyo objetivo es más enviar un mensaje que indicar la intención de realizar ataques de precisión contra los cárteles".

Este despliegue militar, presentado como una supuesta "lucha contra los cárteles", constituye en realidad y en principio una proyección de poder con fines políticos más amplios. Detrás de la fachada de "seguridad hemisférica" se delinea una agenda impulsada desde ciertos centros de poder en Washington que empujan la política de confrontación abierta en la región.

 

 

 

 

 

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Pero este recrudecimiento no se dio de manera abrupta, sino escalonada. El verdadero punto de inflexión llegó en mayo, tras el estallido del escándalo del exasesor de seguridad nacional Mike Waltz en un grupo de mensajería en Signal, hecho que desató un reacomodo en la cúpula de seguridad de Washington.

A partir de ese episodio Marco Rubio fue designado como Asesor de Seguridad Nacional interino, a la par de ejercer el cargo de Secretario de Estado. Tal dualidad de funciones, que recuerda el poder concentrado por Henry Kissinger en la década de 1970, otorgó a Rubio un rango de acción sin precedentes en materia de seguridad y política exterior, lo que consolida un viraje más agresivo y centralizado en la agenda estadounidense hacia América Latina.

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El Asesor de Seguridad Nacional es la figura que coordina todas las agencias de seguridad y de defensa de Estados Unidos, además de articular las recomendaciones estratégicas que recibe el presidente; es decir, Rubio no solo influye en la diplomacia desde el Departamento de Estado sino que también ahora orienta las prioridades militares y de inteligencia.

En este esquema, el asesor se convierte en el verdadero filtro estratégico, capaz de orientar al presidente hacia decisiones más agresivas, sobre todo cuando confluyen factores como la presión de sectores militares, la narrativa de la "guerra contra el terrorismo y el narcotráfico".

Esta condición lo ubica en una posición privilegiada dentro del Ejecutivo a los fines de utilizar el aparato de seguridad nacional como una herramienta de su propia agenda política, pues Rubio ha convertido el asunto antidrogas en un vector de securitización regional.

Cabe destacar que el despliegue naval estadounidense en el Caribe también ocurre después de un episodio que significó un golpe político para Washington y, sobre todo, para Marco Rubio en particular: la liberación de 252 ciudadanos venezolanos secuestrados en El Salvador.

La repatriación, lograda por gestiones directas del presidente Nicolás Maduro y su gobierno, significó una victoria diplomática que dejó a Rubio totalmente humillado.

Entonces, este movimiento militar, cuya tutela la lleva el exsenador, puede tener un trasfondo estratégico que sugiere que estas operaciones cumplen tres funciones principales:

Operaciones psicológicas. La presencia de buques de guerra en aguas cercanas busca minar la moral y condicionar la toma de decisiones de Caracas, y envía una señal de amenaza latente. Son maniobras diseñadas para intimidar sin disparar un solo misil.

Provocación calculada. Al ubicar activos militares cerca de Venezuela, Washington eleva la tensión y fuerza a los gobiernos de la región a pronunciarse, lo cual crea un clima de hostigamiento e, incluso, empuja un casus belli.

Capacidad de acción militar real. Aunque funcionarios estadounidenses insisten en que se trata de una "demostración de fuerza", la orden ejecutiva de Trump habilita operaciones militares directas.

En suma, el despliegue estadounidense es multifacético y deliberadamente ambiguo: combina disuasión, presión psicológica y preparación bélica, con un claro trasfondo político de ataque contra el gobierno venezolano.

Más allá de la retórica antidrogas que se presenta como justificativo, lo que está en marcha es un rediseño del tablero regional bajo la impronta de Rubio y de los sectores de poder que lo respaldan.