El 16 de julio de 2025, cinco presos de los Estados Unidos fueron trasladados en secreto a Suazilandia, la última monarquía absoluta de África. Llegaron sin supervisión de la ONU, sin aprobación parlamentaria ni control judicial.

Solo después de la conmoción y la indignación generalizadas entre la población suazi, el primer ministro Russell Mmiso Dlamini admitió la verdad: el traslado se organizó durante «reuniones de alto nivel» con Washington, y los deportados fueron descritos como «invitados de Su Majestad el Rey», un eufemismo para referirse a los detenidos a voluntad del monarca.

Los presos se encuentran recluidos en la prisión de máxima seguridad de Matsapha, pero nadie sabe con exactitud de qué se les acusa ni en qué condiciones se encuentran, lo que ha suscitado profunda preocupación entre los grupos de derechos humanos. Activistas de la sociedad civil han lanzado una demanda al respecto, pero hay pocas esperanzas de que se haga justicia, ya que el poder judicial está controlado por la monarquía. Peor aún, parece que el acuerdo con los Estados Unidos es para un total de 150 presos, lo que sugiere que aún quedan muchos por llegar.

El secretismo de este acuerdo y la furia que ha provocado ponen de relieve una realidad que la población conoce muy bien: en Suazilandia, el Estado de derecho se pliega a los decretos reales. No se consultó al Parlamento, se marginó a los tribunales y el propio fiscal general ha declarado inconstitucional el traslado, advirtiendo que podría convertir al país en blanco de violentas represalias. Sin embargo, la legalidad significa poco cuando un rey gobierna con poder absoluto.

Este escándalo forma parte de un patrón más amplio. Suazilandia es una dictadura en la que los partidos políticos están prohibidos desde hace más de cincuenta años. El rey Mswati III ejerce amplios poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, controla una economía marcada por una desigualdad asombrosa y preside uno de los regímenes más represivos de África.

El pueblo ha hecho repetidas demandas de democracia, pero solo ha recibido una respuesta violenta y letal. La rebelión de 2021-2022 se cobró al menos 46 vidas, y muchos más resultaron heridos o se vieron obligados a exiliarse. El asesinato del abogado de derechos humanos Thulani Maseko en enero de 2023 fue un terrible hito en una campaña de represión más amplia que también ha incluido otros asesinatos políticos, torturas y encarcelamientos de activistas. Los abusos habituales —secuestros, detenciones ilegales e intimidación violenta— están bien documentados.

Suazilandia es un subcontratista del poder imperial. Al igual que Ruanda, funciona como un Estado títere de los Estados Unidos en el continente. Se alinea con "Israel", se prepara para acoger una embajada israelí incluso mientras Sudáfrica busca justicia en la Corte Internacional de Justicia, y sigue siendo el único Estado africano que reconoce a Taiwán.

El régimen, siguiendo el ejemplo de Ruanda, ha buscado tecnología de vigilancia israelí avanzada para controlar y reprimir la disidencia, continuando su larga campaña de silenciamiento de la oposición. Además, ha profundizado sus relaciones con los reaccionarios de toda la región, posicionándose como un centro de intereses neocoloniales en el sur de África y más allá. 

La transferencia de presos estadounidenses no es un escándalo aislado. Forma parte de un patrón más amplio en el que Suazilandia actúa como escenario para los intereses imperiales, la política reaccionaria y la represión. Si no se pone freno, se entregarán más presos, se cerrarán más acuerdos y se sacrificarán más vidas para preservar el trono de un hombre.

Sin embargo, el pueblo de Suazilandia sigue luchando con valentía y determinación por la paz, la democracia y la justicia. Su rebelión es inseparable de la lucha mundial contra el imperialismo y el autoritarismo. Las fuerzas progresistas de todo el mundo deben reconocer a Suazilandia por lo que realmente es: una dictadura al servicio del poder imperial a costa de su pueblo y de la región.