Durante el actual período legislativo del 119 Congreso estadounidense, los políticos anticubanos han sostenido una estrategia agresiva y sistemática, acompañada de un lenguaje hostil hacia Cuba en los debates, mientras realizan esfuerzos concertados para aumentar la presión económica y política sobre nuestro país.

Esta ofensiva se manifiesta mediante la introducción de proyectos de Ley que buscan perpetuar y ampliar instrumentos coercitivos, construyendo una narrativa falsa que pretende presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de EE. UU.

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Una de las muestras más evidentes de esta hostilidad es la insistencia en mantener a la Isla en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Congresistas como María Elvira Salazar impulsan el llamado proyecto de Ley Force, que prohibiría al Ejecutivo eliminar a la Mayor de las Antillas de esta lista hasta que se cumplan condiciones que, en la práctica, profundizan el daño económico al pueblo cubano.

La designación como país patrocinador del terrorismo ha sido una herramienta de asfixia financiera y aislamiento internacional que impide el acceso a mecanismos bancarios globales y restringe exportaciones esenciales, afectando severamente la economía y la calidad de vida de la población.

Por otro lado, se observa un aumento del presupuesto para la subversión contra la Isla, de hasta 75 millones de dólares, 35 millones más que en el periodo anterior. Estas sumas se disfrazan con el pretexto de promover la democracia, cuando en realidad sostienen las estructuras contrarrevolucionarias creadas por Washington, así como un enorme aparato de propaganda y guerra sicológica dirigido, fundamentalmente, a desestabilizar a la Revolución.

Más allá de las pretensas justificaciones habituales, los congresistas anticubanos buscan ampliar fondos que, en buena parte, van a parar al «negocio de hacer contrarrevolución», a la vez que sirve para campañas políticas en estados con alta concentración de anticubanos, como Florida.

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El entramado legislativo impulsado por este sector reaccionario del Congreso se sostiene sobre la codificación legal de Cuba como «adversario extranjero», un término que aparece en numerosos proyectos con el objetivo de avanzar una narrativa de confrontación.

Esa categoría sirve de base para propuestas que van desde prohibiciones de colaboración científica entre instituciones de ambos países, hasta la suspensión de cualquier tipo de cooperación tecnológica o diplomática.

En al menos cinco iniciativas legislativas se introduce lenguaje que limita las relaciones científicas, lo que amenaza el desarrollo de proyectos conjuntos vitales, como el ensayo clínico del Heberprot-P en EE. UU., medida que, además, excluye a los estadounidenses del uso de un producto cubano de alta eficacia en la cura de la úlcera del pie diabético.

Asimismo, se intenta obstaculizar la inversión extranjera mediante proyectos que eliminan obstáculos legales para demandas civiles bajo la Ley Helms-Burton, una legislación que exacerba la persecución legal contra empresas y personas que mantienen lazos económicos con la Isla.

La ofensiva anticubana también se manifiesta en el ámbito de la política migratoria, en la cual estos congresistas se alinean con posturas de corte antinmigrante, como las implementadas durante la administración Trump.

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Esas medidas han provocado la separación de familias cubanas y han dejado a miles de personas en situación irregular en la nación norteña, sin que se ofrezca una solución real. Mientras tanto se sostiene el apoyo a deportaciones masivas y restricciones de visa que perjudican a la comunidad cubanoamericana y sus vínculos familiares con la Isla.

En esa misma línea, buscan generar un efecto de «olla a presión», manipulando la emigración con el fin de provocar un estallido social que justifique acciones de intervención por parte del Gobierno estadounidense o, al menos, un aumento de la agresión económica.

Los congresistas anticubanos, además, presionan desde sus cargos para mantener y reforzar el bloqueo económico, como lo evidencia su respaldo al Memorando Presidencial sobre Seguridad Nacional No. 5, impuesto por Donald Trump, y orientado a intensificar las medidas que causan hambre y desesperación en el pueblo cubano, con el objetivo declarado de derrocar al Gobierno Revolucionario.

Este endurecimiento también se alimenta del discurso público y las redes sociales, en los que se justifica la política de «máxima presión» y se desacreditan las acciones del Gobierno cubano, apoyando además las iniciativas de la contrarrevolución interna.

Finalmente, este grupo legislativo no duda en promover acusaciones falsas que vinculan a Cuba con el apoyo a presuntas organizaciones terroristas, tráfico de drogas o violaciones de derechos humanos, sin ofrecer pruebas concretas. Más grave aún, mantienen relaciones estrechas con individuos relacionados con actos terroristas contra la nación caribeña.

En resumen, el 119 Congreso de EE. UU. exhibe un rechazo persistente y sistemático hacia cualquier apertura o acercamiento a Cuba, basado en una estrategia integral que combina la hostilidad legislativa, el sostenimiento de narrativas falsas, la promoción de medidas coercitivas y la instrumentalización política.

Esta política no solo vulnera la soberanía y los intereses del pueblo cubano, sino que desprecia el potencial de una relación bilateral beneficiosa para ambos pueblos.

Algunas de las iniciativas recientes

– H.R.5342

• Permite la presentación ilimitada de demandas bajo la Ley Helms-Burton. Elimina el límite de dos años para estas acciones legales.
• Bloquea fondos para laboratorios y establecer otras restricciones que afectan la cooperación científica y el desarrollo económico.
• Impone prohibiciones sobre vuelos y propiedades.

– S.488 (promovido en el Senado)

• Impone sanciones específicas sobre personas y entidades que realicen transacciones con Cuba, centrándose en supuestos abusos de derechos humanos y corrupción.

– S.172 Stopping Adversary Tariff Evasion Act (Rick Scott)

• Se refiere a la Mayor de las Antillas como Estado adversario extranjero.

– S.838 ACRE Act (Jerry Moran)

• Impide préstamos a países adversarios.

– H.R.3479 SECURE American Telecommunications Act (Rudy Yakym)

• Prohíbe licencias para cables submarinos en áreas controladas por adversarios extranjeros.

Estas acciones legislativas se enmarcan en el contexto de la reactivación y actualización del Memorando Presidencial sobre Seguridad Nacional No. 5), firmado en 2025, que revierte aperturas de años recientes y restablece restricciones en áreas turísticas, financieras y diplomáticas, además de limitar la cobertura y el acceso a recursos económicos.