Los recientes reportes del New York Times (NYT) y de CNN confirman una peligrosa escalada en la política exterior de la administración Trump hacia Venezuela, así como exponen con crudeza los mecanismos legales y militares que se estarían activando para justificar una eventual intervención directa.

Ello si el escenario se desplaza de las operaciones psicológicas y los asesinatos extrajurisdiccionales en el sur caribeño a otro donde se cumplan las expectativas del partido de la guerra estadounidense, cuyo delegado mayor es el actual secretario de Estado.

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Lejos de ser una respuesta legítima a supuestos vínculos entre el gobierno de Nicolás Maduro y el narcotráfico —acusaciones ya ampliamente desacreditadas por investigaciones independientes y organismos internacionales—, estos movimientos forman parte de una estrategia deliberada y coherente de cambio de régimen, enmarcada en una actualización contemporánea de la Doctrina Monroe que busca reafirmar la hegemonía estadounidense en América Latina y el Caribe mediante la amenaza o el uso directo de la fuerza.

La farsa como pretexto

La administración Trump ha construido su narrativa sobre la base de acusaciones infundadas que presentan a Venezuela como un "Estado narco-terrorista".

Sin embargo, como se ha demostrado en análisis previos, estas imputaciones carecen de sustento probatorio sólido y han sido utilizadas sistemáticamente como herramienta de presión política.

La reciente decisión de Trump de cancelar las negociaciones diplomáticas encabezadas por su enviado especial, Richard Grenell —quien buscaba una salida negociada que evitara una confrontación mayor—, evidencia que el objetivo nunca fue la cooperación ni la verificación de hechos sino la imposición unilateral de condiciones inaceptables para Caracas con el fin de generar un pretexto para la intervención.

El hecho de que figuras como Marco Rubio, John Ratcliffe (director de la CIA) y Stephen Miller (asesor clave de Trump) estén impulsando abiertamente una operación militar para derrocar a Maduro, así reportado por el NYT, refuerza la tesis de que el discurso sobre el narcotráfico es meramente instrumental.

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No se trata de combatir un crimen transnacional sino de legitimar ante la opinión pública estadounidense —y, en menor medida, internacional— una agresión que viola flagrantemente el Derecho Internacional y la soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas.

Mella jurídica al servicio de la guerra secreta

Quizá el aspecto más alarmante revelado por CNN es la existencia de una opinión clasificada de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés), que otorga al presidente Trump autoridad para ordenar el uso de fuerza letal contra una "lista secreta" de cárteles y presuntos traficantes.

Esta interpretación jurídica —que equipara el tráfico de drogas con un "ataque armado" contra Estados Unidos— representa una peligrosa expansión de los poderes ejecutivos, comparable a las políticas de guerra encubierta implementadas tras el 11-S, pero ahora aplicadas a todo el continente americano.

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Al declarar a los narcotraficantes como "combatientes ilegales" en un supuesto "conflicto armado", el gobierno de Trump borra la línea entre el crimen organizado y la guerra para abrir la puerta a ejecuciones extrajudiciales, operativos encubiertos y ataques militares sin autorización del Congreso ni supervisión judicial.

Esta lógica es jurídicamente cuestionable —como lo han señalado abogados del propio Pentágono— y asimismo normaliza la violencia letal como herramienta de política exterior en la región.

Básicamente, "hacer de Estados Unidos grande otra vez" se traduce en un estado de excepción en el que se impone la necropolítica en la base institucional: Washington decide quién debe vivir y quién debe morir a discreción, amén de su propia guerra hegemónica.

Militarización del Caribe y riesgo de guerra regional

El despliegue sin precedentes de activos militares estadounidenses en el Caribe —incluidos al menos cuatro ataques a embarcaciones en aguas internacionales— no puede interpretarse como una mera operación antinarcóticos. Se trata de una demostración de fuerza estratégica, diseñada para intimidar al gobierno venezolano y preparar el terreno para una posible intervención directa.

Este accionar responde claramente a una visión neocolonial que considera a América Latina como un "patio trasero" donde Washington puede actuar sin rendir cuentas.

La militarización del Caribe bajo el pretexto del narcotráfico es, en esencia, una reedición de la Doctrina Monroe, actualizada para el siglo XXI: reafirma la supremacía estadounidense y criminaliza cualquier intento de autonomía política en la región.

En este contexto, Venezuela —por su resistencia histórica al imperialismo y su alianza con actores no alineados como China, Rusia e Irán— se convierte en un blanco precioso por sus recursos y su ubicación geográfica.

Los reportes del NYT y CNN deben leerse como señales de alerta temprana de una escalada que podría desembocar en una guerra abierta.

La cancelación de la diplomacia, la creación de marcos legales secretos para justificar la fuerza letal, la expansión de las autoridades de la CIA y el despliegue militar en el Caribe forman un entramado coherente orientado al derrocamiento del gobierno venezolano.

Frente a esta estrategia, la comunidad internacional —y en particular los países de América Latina— tiene la responsabilidad de denunciar estos movimientos como lo que son: una agresión imperial disfrazada de lucha contra el crimen. Colombia ha dado un paso al frente en este sentido, así como Cuba y Nicaragua como países líderes del ALBA-TCP.

Un escenario de imposición beligerante por parte de Estados Unidos no solo compete a Venezuela, si bien es un objetivo oficial de la Casa Blanca: también involucra el resto del hemisferio, sea por convergencia geopolítica, por decisión moral o por mero ejemplo de escarmiento —"esto también te puede pasar a ti"—.

La paz en la región depende de la capacidad colectiva para resistir esta nueva ola de intervencionismo y defender el principio inviolable de la soberanía nacional, en una zona que fue declarada de paz.