El despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y la retórica de "operación antidrogas" encendieron las alarmas en la región. La maniobra, que combina presencia naval, amenazas explícitas y una narrativa de criminalización contra Venezuela, ha sido interpretada por distintos gobiernos y actores internacionales como un intento de justificar acciones de fuerza bajo un ropaje legal y mediático.

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El movimiento ocurre en un momento de profunda inestabilidad global, con Washington intentando reafirmar su primacía estratégica en un continente donde ya no posee el control absoluto de décadas anteriores.

Frente a este escenario, una amplia gama de países, tanto de América Latina como de Eurasia, han fijado posiciones públicas en defensa de la soberanía regional y en rechazo a cualquier forma de intervención militar, configurándose un mapa de declaraciones que revela el aislamiento creciente de la estrategia estadounidense y el malestar global ante su proyección de fuerza.

América Latina advierte contra el despliegue militar de EE. UU.

Las primeras reacciones ante la presencia militar estadounidense en el Caribe provinieron de la propia región. Brasil, a pesar de las diferencias con Venezuela, ha señalado el riesgo estratégico:

"América del Sur está considerada una zona de paz… Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe. Estoy muy preocupado. Y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre esto, porque me preocupa", declaró el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro calificó el aumento de la presencia estadounidense como "excesivo", advirtiendo que una intervención contra Venezuela podría desencadenar un conflicto regional de magnitud impredecible. También ha condenado los ataques estadounidenses a lanchas bajo el pretexto del narcotráfico, describiéndolos como asesinato, y suspendió la cooperación de inteligencia con Washington.

En México, el gobierno adscribió al rechazo regional y exigió que la presión militar de EE. UU. se detenga. Se pronunció en contra del uso de la fuerza como instrumento de política hemisférica.

Una declaración conjunta de los gobiernos de Colombia, México y Cuba denunció específicamente el despliegue de tropas y buques de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela, insistiendo en que esta maniobra representa una amenaza para la soberanía regional.

En el ámbito multilateral, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) emitió un pronunciamiento en el que advierte que la concentración de más de cuatro mil militares estadounidenses en el Caribe representa un riesgo para la paz hemisférica y la estabilidad de Venezuela. 

El rechazo internacional fuera de la región

Fuera del continente, las principales potencias euroasiáticas también han fijado posición frente al despliegue militar estadounidense. Rusia denunció el uso excesivo de fuerza por parte de Washington en el Caribe, advirtiendo que las operaciones bajo la narrativa antidrogas encubren un objetivo político contra Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que estas maniobras amenazan la estabilidad hemisférica y reiteró su respaldo a la soberanía venezolana.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador ruso Vasily Nebenzya fue aún más directo, calificando las amenazas de Washington como "presión sin precedentes" y advirtiendo que cualquier ataque militar contra Venezuela sería un “error irreparable” con repercusiones globales.

China, por su parte, reiteró su rechazo a la interferencia externa en Venezuela. Medios alineados con Beijing recordaron que Venezuela debe resolver sus asuntos sin presiones militares ni sanciones extranjeras, y que el uso de la fuerza contradice los principios fundamentales de la Carta de la ONU.

Desde el ámbito multilateral, también se han producido pronunciamientos relevantes. Un grupo de 20 países en el Consejo de Derechos Humanos cuestionó las sanciones y el enfoque punitivo hacia Venezuela, señalando que las medidas coercitivas unilaterales y las amenazas agravan la situación humanitaria y violan el derecho internacional. Aunque este pronunciamiento no se refiere específicamente al despliegue militar, sí enmarca el rechazo internacional a las rutas de presión que sostienen las acciones de Washington.

A nivel institucional, la figura del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha insistido en la necesidad de abandonar las políticas que exacerban el conflicto y de retomar vías diplomáticas que respeten la soberanía y los derechos fundamentales. Su llamado a la desescalada se inscribe en una línea de preocupación global por el deterioro del clima político y por los riesgos de que la presión militar derive en escenarios de violencia regional.

Una maniobra sin aliados

Lejos de generar consensos, el despliegue en el Caribe ha activado alarmas en gobiernos de distinto signo político, organismos multilaterales y potencias extranjeras que advierten el riesgo de una escalada con repercusiones hemisféricas. A este rechazo institucional y geopolítico se suma otro factor: la opinión pública estadounidense.

Según una encuesta de CBS, el 70 por ciento de los estadounidenses se opone a cualquier intervención militar en Venezuela, un dato que refleja un desgaste profundo del consenso interno que en otras oportunidades ha permitido a Estados Unidos emprender operaciones militares con apoyo ciudadano.

Hace veinte años, el gobierno estadounidense pudo construir amplios respaldos para intervenir en Asia Occidental bajo el pretexto de la "lucha contra el terrorismo". Hoy, en cambio, la capacidad de Washington para justificar nuevas aventuras militares se ha erosionado tanto en el exterior como dentro de sus propias fronteras.

En conjunto, el panorama demuestra que la correlación diplomática, geopolítica y social se ha inclinado abiertamente hacia la defensa de la soberanía y contra la intervención. Washington se enfrenta a un escenario que ya no controla plenamente.