La Administración Federal de Aviación (FAA) estadunidense informó que está emitiendo una serie de avisos a las compañías aéreas para que tengan precaución al sobrevolar Centroamérica y partes de Sudamérica por los riesgos de “posibles actividades militares e interferencias del GPS”.

De acuerdo con la agencia, las advertencias conciernen a partes de México, Panamá, Colombia y Ecuador, así como otras zonas de América Central y porciones de espacio aéreo dentro del Océano Pacífico oriental.

En respuesta, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que los avisos sólo son para aerolíneas y pilotos de Estados Unidos, y no afectan a la aviación civil en México. Asimismo, acotó que este tipo de notificaciones “no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo”, además de recordar que la FAA ha emitido avisos preventivos similares para el Caribe, pero ahora se ha extendido al Pacífico.

Pese a la tranquilidad transmitida por la SICT, no puede ignorarse que las últimas semanas previas al secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las fuerzas armadas estadunidenses, estuvieron marcadas por el cierre del espacio aéreo venezolano impuesto por Washington y que, en general, las advertencias, restricciones o prohibiciones de vuelos se efectúan ante la inminencia de operaciones bélicas. Si bien de momento los anuncios de la FAA no pueden compararse con el cerco marítimo y terrestre en torno a la nación caribeña, es inevitable señalar que se producen al mismo tiempo que el presidente Donald Trump insiste en violentar la soberanía mexicana con operaciones mexicanas supuestamente dirigidas al combate del narcotráfico.

Tampoco es posible tomar con ingenuidad el hecho de que los avisos se emitan dos días después de que el Departamento de Estado difundiera un comunicado grosero e injerencista, en el cual afirma que su titular, Marco Rubio, dejó en claro al canciller Juan Ramón de la Fuente “que el avance gradual para enfrentar los desafíos de seguridad en la frontera es inaceptable”, por lo cual “los próximos compromisos bilaterales con México exigirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes de narcoterrorismo y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo, con el fin de proteger a las comunidades a ambos lados de la frontera”.

Además del rechazo ya expresado a estas expresiones inadmisibles, las autoridades mexicanas han de reforzar las medidas para garantizar la soberanía nacional y detener cualquier tentación del trumpismo por usar el narcotráfico como pretexto para llevar adelante acciones en territorio nacional.

La vigilancia y la firmeza ante las amenazas de la Casa Blanca se hacen más necesarias que nunca, pues tras el secuestro de Maduro, el magnate y los halcones de su gabinete han constatado que pueden realizar intervenciones militares e imponer condiciones a naciones pacíficas sin enfrentar consecuencia alguna.

Por último, ha de recordarse a Washington que las redes del crimen organizado –que no del narcoterrorismo, fenómeno inexistente– sólo se extinguirán cuando entregue resultados concretos y verificables en el combate al trasiego de armas de norte a sur, la identificación de los cárteles que operan dentro de Estados Unidos y el desmantelamiento del sistema financiero-empresarial que facilita la mayor operación global de lavado de dinero.